La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por el caso Bomberos de Itagüí fue suspendida este lunes, luego de que las defensas de Miguel Quintero Calle, Álvaro Villada García, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez pidieran a la Fiscalía aclaraciones sobre los hechos atribuidos a cada uno por el presunto direccionamiento de seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La diligencia se retomará este martes a las 2:00 de la tarde. Los abogados solicitaron que el ente acusador detalle las responsabilidades individuales y precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas que les atribuye.
La defensa de Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, cuestionó cuáles eran sus funciones frente a los contratos y pidió explicar su supuesta participación en un acuerdo para cobrar el 15 % de los recursos. También pidió aclarar la imputación por peculado, particularmente cómo se habría configurado la apropiación de más de 2.481 millones de pesos.
En el caso de Vanessa Álvarez, su defensa solicitó precisar cuál fue su conducta en una reunión de junio de 2020, qué participación tuvo en la elaboración de estudios previos y ofertas y qué trámite habría omitido. También pidió identificar los hechos que sustentan el supuesto dolo y su aporte al direccionamiento de los contratos 878 y 1011 de 2020.
Vean esta perla.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 14, 2026
Ojo 👁️ Presidente @DELAESPRIELLAE, en este momento avanza la imputación del hermanito del jefe de la banda Miguel Quintero y otras tres personas, entre ellas la abogada Vanessa Álvarez Restrepo, quien según la Fiscalía hizo parte de la estructura que se creó… pic.twitter.com/AY9rFob92z
Por su parte, el abogado de Sebastián Ortega pidió aclarar cómo y dónde habría intervenido, teniendo en cuenta que no era funcionario público, además del acuerdo mediante el cual supuestamente habría recibido parte de los recursos.
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Finalmente, la defensa de Miguel Quintero cuestionó la aplicación del delito de peculado y pidió precisar cómo habría dado las instrucciones que, según la Fiscalía, permitieron la conducta investigada, quiénes las recibieron y cuándo y dónde ocurrieron frente a cada contrato.
La Fiscalía sostiene que Quintero habría articulado una estructura funcional para direccionar seis contratos que superarían los 17.000 millones de pesos y cobrar presuntas coimas de hasta el 15 %.