Esposado de pies y manos, vestido con un uniforme naranja y beige y bajo un dispositivo de seguridad, Miguel Andrés Quintero Calle fue trasladado este viernes a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde deberá cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario ordenada por un juez de segunda instancia.
El procedimiento comenzó en su finca, ubicada en la vereda La Veta, en Copacabana. Hasta la parcelación Santa Ana llegaron unidades del Inpec y de la Policía Nacional. El vehículo en el que movilizaron al imputado ingresó a la propiedad y permaneció allí durante aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, salió bajo custodia de las autoridades.
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Quintero fue llevado hasta un avión de la Policía Nacional y, según confirmó Blu Radio, desde Bogotá continuaría su desplazamiento en helicóptero hasta el centro penitenciario, ubicado en el departamento de Boyacá.
La decisión fue destacada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad reconocida como víctima dentro del proceso y cuya representación judicial apeló la detención domiciliaria que le había sido concedida inicialmente. La directora de la entidad, Paula Andrea Palacio Salazar, aseguró que la determinación representa un avance en la defensa del patrimonio público.
«Tras muchos meses de un trabajo arduo en que el Área Metropolitana fue declarada como víctima por los abusos y la corrupción de los hermanos Quintero, hoy hay un fallo de un juez que lleva a Miguel Quintero tras las rejas. Seguiremos trabajando para que se esclarezcan todos los casos de corrupción. Van a tener que responderle a Medellín y al Área Metropolitana por los recursos que se perdieron en estas entidades», sostuvo la directiva.
La investigación contra Quintero está relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El posible detrimento patrimonial superaría los 2.481 millones de pesos y estaría relacionado con presuntos sobrecostos, coimas y bienes o servicios sin respaldo.
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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocó parcialmente la decisión de primera instancia, del pasado 2 de octubre, y ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario.