Luego de la incertidumbre en la vía Medellín - Ituango, en donde por más de 50 horas hubo cierre tras la identificación de al menos dos artefactos explosivos que habrían sido instalados por el frente 18 de las disidencias en jurisdicción de la vereda Los Galgos, llegaron los reclamos de algunos afectados.
Desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) existe una preocupación por la creciente y persistente inseguridad para su operación en el Norte de Antioquia con hechos como los recientes, pero también los que se han vuelto frecuentes en la vía a la Costa Atlántica, desde Yarumal hacia Caucasia - Tarazá - Cáceres.
Ánderson Quiceno Sierra, director de ATC, manifestó que esta zona por excelencia ha sido símbolo de inseguridad para los conductores, situación que se ha recrudecido en los últimos meses e incluso a días del cambio de Gobierno nacional.
"El Norte de Antioquia no deja destacarse como una de las zonas del país más complejas en temas de movilidad y afectaciones a los transportadores tanto de carga como pasajeros. Estos meses de finalizando julio, agosto y septiembre son los meses como más complejos y previo a aniversarios que que festejan los grupos armados", insistió el director de ATC.
Quiceno agregó que ante la situación que dejó el Gobierno anterior, no solo en el temor que generan grupos armados sino con los 15 bloqueos en promedio en el país y las millonarias pérdidas cada año de 7.5 billones de pesos. Ante ello, la petición para los nuevos funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella es que en primera instancia se les garantice la seguridad en las vías.
"Obviamente, estamos con la esperanza y la expectativa de cómo inicia este gobierno frente al tema de orden público, porque lo único que sí le ha pedido a a la ministra de Transporte, al ministro de Defensa, inclusive al presidente, y a sus más cercanos colaboradores, es que nos garantizan la seguridad. Ya los demás temas que tienen que ver con la defensa y los intereses de los camioneros, los abordaríamos en otra fase", manifestó Quiceno.
Publicidad
Aunque por el lado del gremio de los transportadores de pasajeros en el departamento no se reportaron mayores afectaciones por la situación, sí hay dificultades para las comunidades de la zona que arriesgan su vida cruzando por allí ante la posible instalación de otros explosivos.
Desde la Cuarta Brigada rechazaron la reciente acción criminal e indicaron que “representa una grave amenaza para la vida e integridad de los integrantes de la fuerza pública y de la población civil. Estas acciones vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”.