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Los hallazgos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín no solo ha reavivado la esperanza de las familias de las víctimas de desaparición forzada por saber qué pasó y darles un último adiós digno, también las solicitudes a las entidades estatales por más medidas que permitan hallar a las 502 personas que desaparecieron en el contexto de la violencia en la zona.
Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, explicó que una de esas exigencias que han hecho las víctimas, desde una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2019 es que se revoque la licencia de explotación a la empresa El Cóndor, renovada por el Ministerio de Minas en el 2019 durante 20 años más.
"No puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia, y eso implica que la gobernación de Antioquia asuma de verdad el compromiso con los derechos humanos y derogue el permiso que le fue otorgado en el 2019 por 20 años más a la empresa", mencionó.
Para Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, es revictimizante que en el sitio se sigan escuchando volquetas, que se continúe extrayendo materiales del sitio, cuando justamente ellas acompañan esta búsqueda que ya lleva más de 20 años.
"Hoy las víctimas exigimos que les quiten todo ese tiempo de que cesen las actividades en La Escombrera mientras hay estos hallazgos, porque esto es revictimizante para nosotras sentir las volquetas subiendo y bajando mientras estamos haciendo la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos", aseguró Galeano.
Margarita Restrepo reiteró otra de las solicitudes que han hecho los colectivos de víctimas, que esta empresa sea investigada.
"Nosotros hemos insistido mucho, hemos tocado muchas puertas. Yo creo que esto también debe entrar y quedar claro que El Cóndor debe de ser investigado porque hace muchos años se le hizo seguimiento para una investigación y no", dijo.
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Y es que la cantera operada actualmente por la empresa Construcciones El Cóndor S.A., por años también fue un depósito de desechos de demoliciones y desde el año 2002 tras la Operación Orión, quienes buscan a sus desaparecidos han denunciado que los cuerpos fueron inhumados justamente en la zona destinada a los desechos de las construcciones.
Finalmente, las víctimas piden que el sitio sea decretado como un lugar de memoria, pues el derecho a la verdad y justicia debe estar por encima al derecho a la propiedad privada o el derecho a enriquecerse de una empresa. De otro lado, solicitan que se amplíen las investigaciones, por ser crímenes de lesa humanidad y ampliar el polígono de búsqueda inicial.
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