La representación de víctimas de María Quevedo respaldó la decisión de una jueza de control de garantías de enviar a prisión a Jesús Acosta Lizardo, señalado por la agresión contra la propietaria de la pastelería Rü Patisserie, en la localidad de Usaquén, Bogotá.
Acosta Lizardo fue imputado por la Fiscalía por el delito de tentativa de homicidio, por los hechos ocurridos el pasado julio, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento y dejaron a Quevedo con graves lesiones, entre ellas, una fractura de nariz, cerca de 80 lesiones en diferentes partes del cuerpo y un desprendimiento parcial del cuero cabelludo.
Para Juan José Lafaurie, abogado de la representación de víctimas, la medida de aseguramiento no constituye una condena y la presunción de inocencia del procesado permanece vigente. Sin embargo, sostuvo que la decisión representa un alivio para la víctima, quien, según explicó, ha tenido que vivir con temor después de las amenazas que habría recibido.
“Lo primero que quiero decir es que, como abogado penalista, que la mayor parte de mi ejercicio ha estado del lado de la defensa, yo nunca celebro que una persona vaya a prisión. Hoy no hay alegría, hay alivio”, afirmó Lafaurie.
El abogado señaló que María Quevedo habría recibido amenazas de muerte después de la agresión y que esa situación tuvo consecuencias en su actividad económica.
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“La señora María lleva dos meses viviendo con miedo porque su agresor la amenazó de muerte delante de testigos, delante, incluso, de la propia Policía. Y le advirtió que, si denunciaba, él volvería a matarla. Tuvo que cerrar así su negocio, tuvo que tomar una decisión que no quería tomar”, sostuvo.
Lafaurie explicó que, desde la perspectiva de la representación de víctimas, la decisión judicial permite que Quevedo pueda retomar sus actividades mientras avanza el proceso.
“Si bien esto no es una condena y la presunción de inocencia se mantiene, es una medida cautelar que se recibe como eso, como la posibilidad de volver a abrir su puerta, su negocio, y esperar el juicio sin temor por su vida”, manifestó.
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Otro de los argumentos que destacó el abogado fue el posible riesgo de fuga que habría sido valorado por la jueza al momento de imponer la medida de aseguramiento. Según Lafaurie, la Fiscalía expuso que Acosta Lizardo se encontraría en situación irregular en Colombia y que no tendría condiciones claras de arraigo.
“La decisión de la juez es muy clara en punto a que esta persona verdaderamente sí representa un peligro para la víctima. Además, se acreditó un posible riesgo de fuga. Es una persona que se encuentra irregularmente en el país, que no cuenta con un domicilio claro ni establecido, que no cuenta con arraigo familiar, social, que no cuenta con un trabajo fijo”, afirmó.
El representante de víctimas también destacó la argumentación presentada por el fiscal durante la audiencia y aseguró que esos elementos fueron acogidos por la jueza para imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Finalmente, Lafaurie hizo un llamado a denunciar este tipo de hechos. “El mensaje es que se denuncie, que se respete siempre la presunción de inocencia, y que las mujeres sepan que existen muchísimos más, que vamos a defenderlas”, concluyó.