El pasado domingo, los residentes de un conjunto residencial en Mazurén vivieron un episodio de terror luego de escuchar varios disparos en horas de la tarde. De acuerdo con lo captado en un video, una mujer disparó al aire mientras se encontraba en un apartamento durante una reunión social.
Lo que parecía ser una reunión tranquila entre amigos terminó en un momento de tensión cuando la mujer, en compañía de varios hombres, accionó un arma de fuego, generando temor entre los habitantes del conjunto. Uno de los presentes intentó quitarle el arma, pero no logró desarmarla.
Ante el temor generado, los vecinos alertaron a la Policía. No obstante, al llegar al lugar, los uniformados no pudieron ingresar al apartamento, ya que se les negó el acceso.
“Informan que efectivamente uniformados del CAI Mazurén hicieron presencia en el conjunto residencial. Al llegar al sitio, les negaron la entrada al apartamento; sin embargo, se tomó contacto con la administradora. Ya tenemos el contacto de la administradora para realizar una junta y tomar las acciones pertinentes”, señaló la Policía Metropolitana.
Según información obtenida por Blu Radio, un residente aseguró que la mujer se encontraba en aparente estado de embriaguez mientras disparaba, lo que generó mayor preocupación entre la comunidad.
¿Qué sanción podría enfrentar la mujer?
La conducta protagonizada por esta mujer representa un hecho grave. De acuerdo con la Policía Nacional, disparar al aire no solo es ilegal, sino que puede ocasionar consecuencias fatales, como heridas o muertes por balas perdidas, un fenómeno que ha cobrado numerosas víctimas en Colombia.
Este tipo de acción es considerada un delito bajo los artículos 356A y 365 del Código Penal, así como en la Ley de Armas y Municiones. Estas normas estipulan penas que pueden ir desde la pérdida del permiso de porte y tenencia de armas hasta condenas privativas de la libertad.
En ese sentido, disparar un arma sin que medie una agresión o legítima defensa puede implicar una condena de entre uno y cinco años de prisión, la cancelación del permiso de porte y la imposibilidad de obtener uno nuevo durante los siguientes veinte años.
Ahora bien, si la persona no cuenta con el permiso legal para portar el arma —es decir, si incurre en porte ilegal— las sanciones son mucho más severas. Según el artículo 365 del Código Penal, esta conducta puede acarrear una pena de entre nueve y doce años de cárcel.
En consecuencia, la mujer involucrada en el caso de Mazurén podría enfrentar un proceso judicial que la llevaría a prisión, mientras que el propietario del arma también sería objeto de sanción, incluyendo la revocatoria del permiso para portar y tener armas.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar el curso del proceso, y la comunidad espera que se tomen medidas ejemplares para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
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