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A cuatro meses de haber sido realizada la toma de posesión a la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional, este jueves 9 de enero fue revisada como una fuerte posibilidad la intervención con fines liquidatorios, debido a los riesgos financieros y operativos que enfrenta la compañía, según un informe entregado por Edwin Palma, agente interventor designado por la Superintendencia de Servicios Públicos para este proceso.
Sin embargo, todavía no hay decisión definitiva, debido a que aún faltan otras reuniones que continuarán este viernes, entre otros, con funcionarios de Ministerio de Hacienda, por lo que aún no hay una notificación oficial sobre el tema.
De acuerdo con un informe entregado por Palma al superintendente Yanod Márquez, durante la operación de la empresa, previo a la intervención, se habrían cometido irregularidades asociadas a racionamientos justificados como mantenimientos, la pérdida de información contable tras un hackeo, entre otras.
A esto, el equipo de accionistas de la compañía respondió en las horas previas a la reunión de deliberación, señalando que se trataba de acusaciones falsas con "defecto estructural" que no ahondaba en las causas de la crisis que afronta la compañía y que serían ajenas a la misma.
En caso de tomarse una decisión, esta se acogería a lo que establece la ley 142 de 1994. En caso de corresponder con una intervención con fines liquidatorios, no solo se involucraría una administración temporal de la empresa, para seguir garantizando la prestación del servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena; sino que también involucraría un proceso de "solución empresarial, reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador especializado, o de capital".
Para esto, Blu Radio conoció que desde la Superintendencia de Servicios Públicos sería ratificado Edwin Palma como el gestor que acompañaría todo este proceso.
Por lo pronto, no se conoce una respuesta de los accionistas de la empresa Air-e, quienes solicitaron el pasado 30 de agosto la intervención al presidente de la República por la situación financiera que atravesaba el mercado de energía, los problemas de recaudo de la compañía, entre otros.
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