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Con sorpresa fue recibida en la Gobernación del Atlántico la noticia de que desde este martes el pago de la tasa de seguridad en las facturas de energía en el Atlántico será opcional por parte de los usuarios, de acuerdo a la empresa Air-e Intervenida, por lo que pondrá en marcha acciones legales para detener esta iniciativa.
Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, fue claro en afirmar que pese a que no han sido notificados por la empresa, hay una “ordenanza aprobada por el estatuto tributario departamental que establece que el tributo de tasa de seguridad debe ser cobrado conjuntamente con el recibo de energía”.
Así las cosas, Náder dijo que no tienen más opción que recurrir a los estrados judiciales para obligar a la empresa Air-e a que garantice el recaudo de la tasa de seguridad.
"En este caso, lo procedente como autoridades administrativas es una acción de cumplimiento, estamos en miras de solicitarle a un juez que obligue a la empresa a cumplir con el Estatuto Tributario. Es nuestra obligación, si no lo hacemos, como empleados incurriríamos en omisión administrativa, que es una falta disciplinaria", dijo.
Náder agregó que se realizaron varias mesas de trabajo con la empresa Air-e, pero esta decisión no tiene nada que ver con lo hablado. Insistió en que la Gobernación comprometió vigencias futuras con base en este cobro, el cual iba a ser invertido en proyectos como estaciones policiales, comandos y dotación para la fuerza pública, lo que ahora daría pie a una “situación fiscal riesgosa”.
"Todos estos proyectos, donde la Gobernación ha comprometido vigencias futuras con base en este tributo, digamos que quedarían expuestos con los créditos que actualmente se tienen con las entidades financieras y llevarían al ente territorial del Atlántico a una situación fiscal bastante riesgosa", advirtió.
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Según la Gobernación, el año anterior se recaudaron por este tributo 168.000 millones y para este 2025 se espera cobrar 174.000 millones con miras a transferir recursos a Barranquilla, así como comprometer 300.000 millones en espacios seguros y 200.000 millones en refuerzos policiales para los municipios.
Ahora bien, la gobernación advierte que “el no pago de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana generaría una deuda fiscal y por ende daría lugar al cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda tal y como se hace con cualquier otro tributo departamental: impuesto vehicular, impuesto al consumo, impuesto al deporte, registro, estampilla y demás”.
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