En total, son 6.960.000.000 el valor por el cual firmó la UNGRD las dos órdenes de proveeduría en el departamento de Bolívar para ejecutar uno de los programas bandera del presidente Gustavo Petro, las famosas ollas comunitarias, en medio de la ola invernal que azotó a cientos de familias en esta región en 2023.
La fundación ‘Mi Abuelo y Yo’ y la ‘Corporación Multiactiva Revive Tu Esperanza’ (Comulres), ambas con personería jurídica de la ciudad de Cartagena, fueron las encargadas de ejecutar estos contratos, cada una por valor de 3.480 millones, en un total de 29 municipios durante 90 días, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.
Sin embargo, casi un año después de firmado el contrato, y seis meses después de ejecutado, las dos fundaciones operadoras denuncian que no han recibido un solo desembolso por parte de la UNGRD, pese a que cumplieron con cada una de las entregas con sus propios recursos. Aseguran que recurrieron a créditos, que deben salarios y pagos a proveedores, y que aún no tienen respuestas.
“Nosotros prestamos todo el servicio, entregamos las raciones, pero no nos alcanzó para pagarle al talento humano, a ellos se les está debiendo dos veces, nosotros hemos intentado todo, hemos tocado todas las puertas, hemos tenido ya tres reuniones en la Unidad, hemos levantado actas, derechos de petición, ya lo último que vamos a hacer ahorita es acudir a la Procuraduría Nacional, porque nos sentimos realmente abandonados. Es decir, el Estado firmó un contrato con nosotros, nosotros ejecutamos porque tenemos una obligación contractual, pero también estamos esperando un pago, y obviamente las personas a las que nosotros contratamos también dependen de esos pagos. Ya vamos para un año, porque en octubre se cumple un año del contrato, y nada que nos pagan”, relató a Blu Radio Yaniris González, representante legal de la fundación ‘Mi Abuelo y Yo’, que le correspondió la instalación de ollas comunitarias en 11 municipios, especialmente del norte de Bolívar, como Turbaco, Arjona, Villanueva, Turbana y Maríalabaja.
Según González, los constantes cambios de funcionarios en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en medio de escándalos de corrupción, han complicado aún más la situación para los contratistas.
“Ahora todo el mundo parte de que cualquier contrato de la Unidad es corrupto, y nos han involucrado a todos sin darnos la oportunidad de revisar estos procesos. Estamos siendo vulnerados, tanto las comunidades como los operadores, porque yo presté el servicio, tengo las evidencias, le pueden preguntar a las comunidades, a los líderes, a las manipuladoras de alimentos. No le tengo miedo a nada, porque yo presté mi servicio, y estoy reclamando mi derecho que fue violentado, porque yo me endeudé para poder cumplir con este contrato”, dijo.
A su vez, el representante legal de la Corporación Multiactiva Revive Tu Esperanza (Comulres), Andrés Barraza, explicó que en su caso les correspondía la instalación de 18 ollas comunitarias en municipios del sur y el centro de Bolívar, como Mompox, Magangué, Montecristo, Zambrano, Margarita, San Cristóbal, entre otros, y que al igual que la fundación ‘Mi Abuelo y Yo’, no les han desembolsado ningún pago.
“Inicialmente nos dijeron que se iban a hacer seis pagos, y luego nos dijeron que tres. Nosotros enviamos nuestras cuentas de cobro, y todas han quedado sin respuesta (...) Nuestra prioridad como institución fue cumplirle a la comunidad, pero hasta el momento no nos han hecho ningún desembolso. Todos los recursos para la entrega de esas raciones de comida fueron propios y recursos de terceros, y ahora tenemos esa deuda porque la capacidad ya no nos da. El tema ha sido tan improvisado por la Unidad, que en una reunión ellos mismos nos pidieron que les canceláramos el salario del primer mes a los trabajadores porque iban a pasar diciembre sin dinero, y que ya el primer desembolso estaba listo, lo que finalmente nunca pasó”, detalló.
Pero la situación no solo preocupa a las fundaciones operadoras, que incluso denuncian amenazas, sino a los 174 manipuladores de alimentos y operarios, especialmente mujeres de las mismas comunidades que eran las encargadas de preparar y entregar las raciones de comida que fueron instaladas en parques y espacios comunitarios, y que están reclamando el pago de dos meses de salarios adeudados.
“El programa se llevó a cabo en su totalidad, en mi municipio benefició a 100 personas, y a veces llegábamos hasta 105 o 107. Se les entregaba un almuerzo reforzado con sus proteínas, sopas, arroz, algo que beneficiaba mucho a la gente. Si ellos contrataron con la fundación, lo más justo es que ahora les paguen para que ellos puedan cancelarles a las personas que estaban brindando ese servicio. Eso es el colmo, ya no podemos esperar más”, relató Emercy Rodríguez, del municipio de Santa Catalina.
Blu Radio estuvo consultando a funcionarios de la UNGRD sin que hasta el momento haya respuestas sobre estas denuncias.
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