La Corte Constitucional le exige al Gobierno y al Congreso incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo medidas y recursos para garantizar los derechos de los niños Wayuu en La Guajira.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 advirtió que, casi diez años después de declarar la vulneración masiva de sus derechos, persisten fallas en el acceso al agua, la salud y la alimentación.
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En el Auto 1541 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, la Corte identificó cuatro obstáculos: no existe un plan de acción definitivo y financiado, falta información unificada sobre las comunidades, hay obras de agua que no garantizan el abastecimiento y persisten problemas para reconocer a los representantes del pueblo Wayuu.
Por eso, exhortó al Congreso a incluir las obligaciones pendientes de esta sentencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. También ordenó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda evaluar las medidas necesarias y proponer su financiación, siempre que tengan sustento técnico y viabilidad presupuestal.
Sobre el acceso al agua, la Corte ordenó inventariar las obras construidas o rehabilitadas desde 2017, identificar cuáles no funcionan y explicar las causas. Con esa información, el Gobierno deberá establecer un plan para recuperar la infraestructura que no está garantizando el suministro a las comunidades.
"Primero, el Gobierno Nacional deberá entregar el 15 de diciembre una versión unificada del Plan Estructural de Acción. Segundo, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda deberán valorar desde ya esas medidas para el Plan Nacional de Desarrollo y construir una ruta de financiación", señaló el magistrado Carlos Camargo Assis.
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La Sala también pidió mayor transparencia sobre los recursos públicos. Ordenó mejorar el seguimiento de los contratos en el SECOP, consolidar una matriz de inversiones y crear mecanismos para que las entidades compartan información sobre la atención a la población Wayuu.
Por su parte, el Ministerio del Interior deberá presentar un cronograma para reconocer y registrar a las autoridades tradicionales y designar delegados Wayuu. Además, se deberán establecer criterios públicos para elegir las comunidades beneficiadas, sin excluir a las que no tengan un representante formalmente reconocido.
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La Consejería Presidencial para las Regiones deberá presentar una ruta con responsables, actividades y fecha definitiva para adoptar el Plan Estructural de Acción. La Corte advirtió que en mayo de 2027 se cumplirán diez años de la sentencia y, si el plan se aprueba después, el Gobierno tendrá que justificar la demora.
"Las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles hoy, sin esperar el plan de acción, ni el Plan Nacional de Desarrollo", menciona el magistrado.
Finalmente, la Corte exigió que las entidades demuestren resultados concretos en la vida de los niños y ordenó divulgar la decisión en wayuunaiki, de forma oral y escrita, en los cuatro municipios afectados.