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Un acto de disculpas por parte de la rectora y una campaña para prevenir el matoneo entre los estudiantes marcaron el inicio del calendario académico en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó a esta institución resarcir los derechos que le fueron vulnerados a una alumna en 2023.
La madre de la estudiante afectada denunció que su hija fue víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros cuando cursaba décimo grado y que los profesores y directivos de la institución no actuaron a tiempo para frenar los ataques, sino que el matoneo continuó hasta que la joven empezó a sufrir depresión y perdió el año escolar.
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Fue tal bullying, que el caso escaló hasta los estrados judiciales con el acompañamiento del abogado Héctor Sarmiento, quien asumió la defensa de la víctima.
"Eso le afectó psicológicamente, no tenía amigos, de hecho, ella cumplió 15 años y ningún amigo quiso ir. Entonces, estas son cosas que como padres también nos afectan", agregó.
Fallo de tutela
El fallo sobre la tutela interpuesta por la madre de la estudiante declaró que en este caso sí hubo un “daño consumado ante la configuración de bullying en el año 2023, con una respuesta institucional tardía y débil, que afectó la estabilidad emocional de la discente y repercutió negativamente en su desempeño escolar”.
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En este sentido, “a fin de garantizar el derecho a no repetición” se ordenó a la rectora de la institución presentar “excusas sinceras a la estudiante y a su familia por el dolor y los inconvenientes que causó la gestión tardía en este asunto que no generaron alternativas en el año del 2023 para un acompañamiento preventivo a fin de evitar su afectación emocional y el rendimiento académico”.
Igualmente, se ordenó a la rectora “realizar una reflexión dirigida a los estudiantes, para que tomen conciencia sobre la gravedad del matoneo y sobre la urgencia de adoptar correctivos que pongan fin a este fenómeno en el ámbito escolar”, actividades que la institución empezó a cumplir esta misma semana, al inicio de este año escolar.
No obstante, la jueza del caso denegó la solicitud de la mamá de la estudiante, que buscaba el “reconocimiento y pago de los servicios médicos sicológicos suministrados de forma particular a la menor, como resultado de la decisión de la progenitora de no aceptar la asesoría institucional”.
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