A las empresas de seguridad privada les cayeron con todo en las últimas semanas para establecer posibles filtraciones de grupos delincuenciales, las cuales estarían recibiendo armas de fuego para su operación, pero que terminaban en manos de organizaciones ilegales. Al menos dos de estas funcionan en Barranquilla.
La revelación fue realizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras anunciar la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas que tendrían esta presunta filtración de grupos que operarían con fines propios, diferentes a los establecidos en el objeto de la empresa respaldada con el permiso.
"Entre las decisiones adoptadas se encuentran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda.,a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia", manifestó la Superintendencia.
Entre las actuaciones que habrían permitido identificar la presunta irregularidad en el manejo de las armas, está el hallazgo pruebas en diferentes escenas de crimen que asociaban el uso de esas armas en hechos delictivos. Incluso, encontraban asociaciones entre el uso de éstas por parte de miembros de bandas delincuenciales.
Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.
"Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad” explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales".
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