El Consejo de Estado negó la indemnización que reclamaban familiares de las víctimas de Tasajera, que murieron incinerados cuando explotó un camión cisterna que transportaba gasolina en la vía entre Santa Marta y Barranquilla en el año 2020.
La Sección Tercera del Alto Tribunal dejó en firme el fallo que niega las pretensiones de indemnización económica que reclamaban allegados de las víctimas que murieron en la tragedia ocurrida el 6 de julio de 2020 en Tasajera, corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, en el Magdalena.
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En el siniestro 45 personas perdieron la vida después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara mientras intentaban sustraer el combustible, a pesar del repetido llamado de las autoridades a alejarse del vehículo.
El Consejo de Estado negó la indemnización que reclamaban al Estado familiares de las 45 víctimas de Tasajera, quienes murieron calcinadas cuando explotó un camión cisterna que transportaba gasolina en la vía entre Santa Marta y Barranquilla en el año 2020. pic.twitter.com/DeoLZfpn3T
— Blu Caribe (@BLUCaribe) October 11, 2026
Segundos después, el camión estalló dejando en ese momento siete víctimas que fallecieron en el lugar del accidente, y 38 más murieron en las semanas posteriores en hospitales de Santa Marta, Barranquilla y Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras.
Según el Consejo de Estado, los demandantes argumentaban que existió una omisión o negligencia por parte de la Policía Nacional al no acordonar adecuadamente la zona ni impedir el acceso masivo de las personas que en moto y a pie llegaron al sitio del suceso.
Explicó el alto tribunal que tras la revisión de las pruebas, entre las que se encuentran varios videos captados el día de la tragedia, así como declaraciones de uniformados de la Policía, se determinó que no se configuró una falla en el servicio imputable al Estado, pues los agentes presentes en la escena actuaron dentro de sus capacidades al advertir sobre el peligro, pedir refuerzos e intentar contener el avance de la población.
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Los familiares de las 45 víctimas reclamaban indemnizaciones a la Nación y a la concesionaria Ruta del Sol II.