La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Michael Steven Rodríguez Ayala, padre del bebé Liam Gael Rodríguez Narváez, dentro de la investigación por un presunto acceso carnal abusivo contra el menor, quien murió el 29 de septiembre de 2025 mientras permanecía en un jardín infantil del municipio de La Calera, Cundinamarca.
La investigación se desarrolló a partir de dos líneas. Una de ellas estuvo relacionada con la muerte del bebé y la otra surgió después de que, durante la inspección al cuerpo del menor, de 11 meses, se registraran señales que alertaron a los investigadores sobre un posible abuso sexual. Esta última línea derivó en la vinculación del padre y posteriormente en la acusación presentada por la Fiscalía.
De acuerdo con el escrito de acusación, el ente investigador sostiene que Rodríguez Ayala habría realizado de manera reiterada las conductas investigadas y que estas habrían tenido un carácter doloso. La Fiscalía señala que el procesado “conocía las acciones desarrolladas en su menor hijo y de forma reiterada realizó estas conductas para satisfacerse sexualmente”.
El documento agrega que “las actividades desarrolladas y el comportamiento permiten precisamente indicar la materialidad al lesionar el bien jurídico de la libertad y formación sexual del menor que falleció”, y señala, además, el agravante derivado de la relación entre el procesado y la víctima: “con el correspondiente agravante por ser su padre”.
La defensa de las víctimas manifestó que no tiene reparos frente al escrito de acusación presentado contra el padre del menor. Sin embargo, el abogado Juan Manuel Castellanos cuestionó el avance de la investigación relacionada con la muerte de Liam.
“Este abogado no tiene ninguna observación sobre el escrito de acusación y su formulación en contra del padre del menor”, afirmó Castellanos. No obstante, señaló que “llama la atención que hoy no se tenga el resultado del informe de ADN”.
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El representante de las víctimas también aseguró que la investigación por la muerte del bebé no ha avanzado con la misma claridad. “Lo verdaderamente importante, que es el homicidio del menor, está pasando de agache por la propia Fiscalía”, sostuvo.
Castellanos cuestionó, además, que, después de aproximadamente un año de los hechos, todavía no se conozca, según afirmó, un resultado concreto frente a esa línea investigativa. “Absurdo que después de un año, no se tenga un resultado concreto sobre el homicidio”, manifestó, al recordar las contradicciones que, según dijo, se han presentado alrededor del informe de necropsia y su complemento.
El abogado agregó que la representación de víctimas solicitará que se avance en la investigación de las personas que estaban a cargo del menor en el jardín infantil. “La víctima sí solicita audiencia de formulación de imputación en contra de las docentes”, aseguró.
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Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2025. De acuerdo con lo relatado por la madre y los familiares del bebé después de su muerte, ese día, hacia las 10:10 de la mañana, la madre recibió una llamada del jardín infantil en la que le informaron que el niño había broncoaspirado y que era trasladado de urgencia a un centro asistencial de La Calera.