Un debate de control político en el Concejo de Chía abrió cuestionamientos sobre el futuro financiero del municipio por una millonaria obligación relacionada con el contrato de alumbrado público firmado en 2018. Los concejales advierten que la administración tendría que asumir una indemnización cercana a los 40 mil millones de pesos tras la anulación del contrato por parte del Consejo de Estado.
El contrato, suscrito con el consorcio Iluminaciones de la Sabana S.A.S., tenía como objetivo la operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público de Chía durante un periodo proyectado de 30 años. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo al encontrar irregularidades en el proceso de selección del contratista y ordenó al municipio asumir nuevamente la prestación del servicio.
Durante el debate, los concejales expresaron preocupación por el origen de los recursos para cubrir esta obligación y señalaron que la administración debe definir cómo responderá ante este pasivo. Algunos integrantes del cabildo cuestionaron que la responsabilidad pueda quedar para la próxima administración, debido al impacto que tendría sobre las finanzas públicas del municipio.
Además, se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en un nuevo proceso contractual para garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que el municipio tiene un plazo establecido para estructurar una nueva solución. Los concejales también alertaron sobre la incertidumbre frente al manejo de la infraestructura instalada y la operación futura del sistema.
El caso del alumbrado público de Chía ha generado cuestionamientos desde años atrás. La Procuraduría había investigado presuntas irregularidades relacionadas con la licitación y el proceso contractual, señalando posibles fallas en aspectos de planeación, requisitos financieros y selección del contratista.
Tras conocerse este caso, Blu Radio se contactó con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, por los constantes requerimientos y la polémica por la nulidad del contrato a lo que contestó que la cantidad pedida por el consorcio no es la sustentada, ya que según la sentencia lo que se debe pagar es la inversión realizada. Resalta además que la responsabilidad para que este contrato finalice fue por falta de cumplimientos de requisitos por parte del contratista.
“Se contrató una consultoría para que determine el valor de la infraestructura que ellos invirtieron. Nosotros calculamos, no tenemos un número exacto, pero creemos que está alrededor de los 14 mil millones el valor de la infraestructura", aseguró.
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Sin embargo, según lo mencionado por el alcalde, dentro de las soluciones que tendría este caso es la creación de una sociedad de economía mixta en la que se buscaría un socio que aporte el 45% más un valor adicional, que serían los 14 mil millones para pagarle al concesionario anterior.
“Le vamos a pedir autorización al concejo de crear una sociedad de economía mixta donde el municipio es dueño del 55% y un socio estratégico llega a operarlo aportando el 45%. Y lo que se le a solicitar a ese socio estratégico es aportar un valor un valor de 14 mil millones de pesos, que es el valor de la infraestructura, para que con ese valor se le pague al antiguo concesionario y la infraestructura quede a nombre del municipio y donde el municipio es mayoritariamente socio", señaló.
Entre tanto, en medio de esta polémica, versiones de redes sociales y medios locales relatan que la intención del municipio tras finalizar el contrato de la iluminación es entregarlo nuevamente presuntamente a una empresa que pertenece a Euclides Torres, el empresario salpicado en el caso de Nicolas Petro y la financiación de la campaña del presidente Petro.
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Sin embargo, al transmitirle la pregunta al alcalde, Leonardo Donoso, aseguró que conocía esa versión por redes sociales, pero negó vinculación alguna con Torres.
“Si el concejo lo aprueba, se constituye y se busca mediante licitación pública el socio o socio estratégicos para la nueva empresa de economía mixta. Es mediante una licitación. Podrá ser cualquier colombiano, persona natural o jurídica. Además, no sé quién es el señor Euclide Torres, no lo conozco ni tengo relacionamiento con esa persona. Inclusive creo que esas declaraciones salieron de redes sociales por parte de un veedor del río Bogotá”, concluyó.
Por ahora, el municipio está a la espera del resultado del informe de la consultoría contratada para determinar la cuantía que debe devolverse a la concesión anterior.
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