El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia que declaró la nulidad del Acuerdo 040 de 2013, mediante el cual el municipio de Chía institucionalizó el 30 de septiembre como el “Día de la Biblia”. La decisión señala que la medida desconoció los principios constitucionales de laicidad, neutralidad religiosa, igualdad y pluralismo.El acuerdo municipal había establecido una fecha institucional dedicada a la Biblia. Sin embargo, para el Tribunal, la decisión de las autoridades locales no podía analizarse únicamente a partir de la finalidad que estas declararon, sino también desde el contenido y alcance de la medida adoptada.La Sala explicó que las autoridades públicas deben mantener una posición de neutralidad frente a las diferentes confesiones religiosas y garantizar el ejercicio de la libertad de cultos en condiciones de igualdad.En la sentencia, el Tribunal señaló: “Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala observa que la institucionalización del "Día de la Biblia" mediante el Acuerdo N.° 40 de 2013 vulnera las disposiciones constitucionales y legales anteriormente referidas, así como los principios de laicidad, separación entre el Estado y las iglesias y neutralidad religiosa que orientan el ordenamiento jurídico colombiano”.La corporación agregó que, aunque durante el proceso el municipio sostuvo que el acuerdo no tenía una finalidad religiosa, que no buscaba favorecer una confesión ni establecer una religión oficial y que pretendía promover la convivencia mediante actividades culturales, esos argumentos no fueron suficientes para mantener vigente la medida.“El análisis de este tipo de disposiciones no puede limitarse a la finalidad declarada por la administración, sino que debe atender a su contenido, su alcance”, precisó la Sala.El Tribunal consideró que la institucionalización de una fecha específica dedicada a la Biblia tiene un contenido relacionado directamente con una expresión religiosa determinada. Por ello, la valoración judicial debía tener en cuenta el efecto de la medida frente a los principios que rigen la relación entre el Estado y las distintas iglesias y confesiones.La administración municipal había argumentado que la celebración estaba orientada a promover valores, convivencia y unidad familiar. No obstante, para la corporación judicial, esas finalidades no desvirtuaban el contenido religioso de la decisión adoptada por el municipio.La sentencia recuerda que el carácter laico del Estado colombiano implica la separación entre las instituciones públicas y las iglesias, así como la obligación de mantener una posición neutral frente a las diferentes creencias. Esto no significa desconocer o limitar la libertad religiosa, sino garantizar que ninguna confesión sea privilegiada por las autoridades.
Un debate de control político en el Concejo de Chía abrió cuestionamientos sobre el futuro financiero del municipio por una millonaria obligación relacionada con el contrato de alumbrado público firmado en 2018. Los concejales advierten que la administración tendría que asumir una indemnización cercana a los 40 mil millones de pesos tras la anulación del contrato por parte del Consejo de Estado.El contrato, suscrito con el consorcio Iluminaciones de la Sabana S.A.S., tenía como objetivo la operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público de Chía durante un periodo proyectado de 30 años. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo al encontrar irregularidades en el proceso de selección del contratista y ordenó al municipio asumir nuevamente la prestación del servicio. Durante el debate, los concejales expresaron preocupación por el origen de los recursos para cubrir esta obligación y señalaron que la administración debe definir cómo responderá ante este pasivo. Algunos integrantes del cabildo cuestionaron que la responsabilidad pueda quedar para la próxima administración, debido al impacto que tendría sobre las finanzas públicas del municipio.Además, se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en un nuevo proceso contractual para garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que el municipio tiene un plazo establecido para estructurar una nueva solución. Los concejales también alertaron sobre la incertidumbre frente al manejo de la infraestructura instalada y la operación futura del sistema.El caso del alumbrado público de Chía ha generado cuestionamientos desde años atrás. La Procuraduría había investigado presuntas irregularidades relacionadas con la licitación y el proceso contractual, señalando posibles fallas en aspectos de planeación, requisitos financieros y selección del contratista.Tras conocerse este caso, Blu Radio se contactó con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, por los constantes requerimientos y la polémica por la nulidad del contrato a lo que contestó que la cantidad pedida por el consorcio no es la sustentada, ya que según la sentencia lo que se debe pagar es la inversión realizada. Resalta además que la responsabilidad para que este contrato finalice fue por falta de cumplimientos de requisitos por parte del contratista.“Se contrató una consultoría para que determine el valor de la infraestructura que ellos invirtieron. Nosotros calculamos, no tenemos un número exacto, pero creemos que está alrededor de los 14 mil millones el valor de la infraestructura", aseguró.Sin embargo, según lo mencionado por el alcalde, dentro de las soluciones que tendría este caso es la creación de una sociedad de economía mixta en la que se buscaría un socio que aporte el 45% más un valor adicional, que serían los 14 mil millones para pagarle al concesionario anterior.“Le vamos a pedir autorización al concejo de crear una sociedad de economía mixta donde el municipio es dueño del 55% y un socio estratégico llega a operarlo aportando el 45%. Y lo que se le a solicitar a ese socio estratégico es aportar un valor un valor de 14 mil millones de pesos, que es el valor de la infraestructura, para que con ese valor se le pague al antiguo concesionario y la infraestructura quede a nombre del municipio y donde el municipio es mayoritariamente socio", señaló.Entre tanto, en medio de esta polémica, versiones de redes sociales y medios locales relatan que la intención del municipio tras finalizar el contrato de la iluminación es entregarlo nuevamente presuntamente a una empresa que pertenece a Euclides Torres, el empresario salpicado en el caso de Nicolas Petro y la financiación de la campaña del presidente Petro. Sin embargo, al transmitirle la pregunta al alcalde, Leonardo Donoso, aseguró que conocía esa versión por redes sociales, pero negó vinculación alguna con Torres.“Si el concejo lo aprueba, se constituye y se busca mediante licitación pública el socio o socio estratégicos para la nueva empresa de economía mixta. Es mediante una licitación. Podrá ser cualquier colombiano, persona natural o jurídica. Además, no sé quién es el señor Euclide Torres, no lo conozco ni tengo relacionamiento con esa persona. Inclusive creo que esas declaraciones salieron de redes sociales por parte de un veedor del río Bogotá”, concluyó.Por ahora, el municipio está a la espera del resultado del informe de la consultoría contratada para determinar la cuantía que debe devolverse a la concesión anterior.
Por varias horas en el municipio de Chía hubo problemas de movilidad en frente del centro comercial Centro Chía a raíz de un camión volcado en la entrada 2, que, por horas, necesito apoyo de las autoridades para poderse solucionar el flujo vehicular en la zona. La demora que ocasionó el fuerte trancón y que no permitió una pronta solución por parte de las autoridades era debido a que el camión transportaba sustancias corrosivas, las cuales necesitaban ser manipuladas por especialistas para evitar cualquier tipo de riesgo en la zona."Informamos cierre total de la paralela de la calzada oriental frente a la entrada 2 del centro comercial Centro Chía y del retorno Chía - Cajicá, esto debido a siniestro vial con derrame de sustancias corrosivas", informó a través de X, la Concesión AcceNorte S.A.S. sobre esta situación en la tarde de este viernes.Ante esta situación, autoridades de tránsito del departamento hicieron presencia para apoyar con retornos en esta vía que conecta con Cajíca para solucionar la movilidad en este sector. Aún no se ha confirmado la razón que causó este accidente en el sector y el camión fue levantado sobre las 6:30 de la tarde, según autoridades.
A las 7:00 a. m. o antes, la escena se repite sin falta en una variante clave que conecta a Bogotá con la Sabana Centro, filas interminables de carros, buses escolares detenidos y camiones avanzando a paso lento. Conductores que miran el reloj con frustración mientras el trayecto, que debería tomar menos de media hora, se extiende por dos horas aproximadamente.En horas pico, la variante Cota - Chía se convierte en un cuello de botella que no solo afecta la movilidad, sino también la productividad y la calidad de vida de miles de personas que se desplazan hacia estos municipios.No obstante, este panorama empieza a tener un giro, la Gobernación de Cundinamarca dio inicio a la intervención de esta variante que cambiará la forma en que se movilizan los conductores por este sector.Inician la transformación de variante Cota - ChíaEsta vía es estratégica para el tránsito de vehículos particulares y, especialmente, de transporte de carga en esta zona del departamento.De acuerdo con información de la Gobernación, el proyecto contempla el mejoramiento de 4,7 kilómetros de vía que presentan agrietamientos, desniveles y fallas estructurales, condiciones que venían generando represamientos constantes.Con una inversión de $22 mil millones, la intervención incluye: “fresado, reposición de la carpeta asfáltica y la reconstrucción del pavimento en cinco tramos críticos. A esto se suman obras complementarias como la construcción de alcantarillas, cunetas, filtros longitudinales y la instalación de nueva señalización vial”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.La obra fue adjudicada el 30 de diciembre de 2025 y actualmente ya se encuentra en ejecución, con maquinaria y personal desplegados en campo. El plazo estimado para su finalización es de siete meses.Para mitigar el impacto durante el desarrollo de los trabajos, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICC) implementó un plan de manejo de tráfico que contempla señalización temporal, presencia de controladores viales, pasos alternos a un carril y apoyo con iluminación en la zona, con el objetivo de garantizar la movilidad mientras avanzan las obras.El gobernador Rey, destacó que esta intervención busca atender uno de los corredores más usados en la conexión entre Bogotá y la Sabana Centro, por donde circula un alto flujo vehicular y de carga.Con este proyecto, el departamento busca mejorar la conexión de los corredores logísticos y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los puntos más críticos de la movilidad regional, con la expectativa de que los trayectos dejen de medirse en horas y vuelvan a ser recorridos de minutos.
A esta hora de registra un bloqueo en Chía, Cundinamarca por parte de un grupo de comerciantes de establecimientos nocturnos del municipio, que preliminarmente, denuncian “una persecución” por parte de la alcaldía de Leonardo Donoso, mandatarario local. Esta manifestación se da en la variante de Chía hacia Cajica, por su puesto la conexión hacia Bogotá y la conocida Av Pradilla.Este bloqueo arranca desde la glorieta del Centro Comercial Sabana Norte y se sxiente hasta el semaforo de la variante hacia el municipio de Cota, Cundinamarca. Entre tanto, en la pancartas que tienen en el lugar escibren: “Exigimos respeto y dignidad de los comerciantes. Trabajar no es delito, nuestros derechos se respetan”.Entre tanto, desde la alcaldía de Chía y la Secretaría de Movilidad del Municipio le confirman a este medio que ya están adelantando algunos dialogos con los comerciantes que bloquean las vías para permitir el paso vehicular que está colapsado en este momento.Por ahora, se desconoce cuando se levantarán estos bloqueos sobre estas dos importantes vías del departamento de Cundinamarca.
En algunas oportunidades ha ocurrido que las personas abren la llave y sale el agua amarilla, esto puede ocurrir por varias cosas como: el desprendimiento de sedimentos de hierro y magnesio acumulados en las tuberías que distribuyen el agua por cambios en la velocidad o presión del flujo, trabajos de mantenimiento o bajos niveles del agua.Lo anterior, lo válida el la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al indicar que “el cambio de velocidad del agua en las tuberías generan el desprendimiento de partículas propias del tratamiento, lo que hace que el agua llegue con color, pero sin afectar la potabilidad de la misma”.Frente a esto, la compañía advirtió que dentro de poco llevará a cabo trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento Tibitoc, por lo cual, podría ocurrir un cambio de color del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.¿Qué sectores resultarían afectados por el agua amarilla?Según el Acueducto, el "agua amarilla" podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.Las labores de mantenimiento se desarrollarán durante un mes, entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo.Para mitigar este fenómeno, la empresa manifestó que dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías. “Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.Recomendaciones para los usuariosDe igual forma, la compañía indicó una serie de recomendaciones a los usuarios, para que las ejecuten en sus casas de ser necesario:Si se presenta coloración del agua en la vivienda se debe informar a la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.Si el agua sale con coloración, hay que abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, se debe verificar la transparencia del agua para evitar manchas.Hacer el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.No alarmarse si hay operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, se debe permitir la ejecución de la tarea.
Un grave accidente de tránsito ocurrido pasada la medianoche deja dos mujeres muertas en el norte de Bogotá. El siniestro se registró en la calle 244 con autopista Norte, en sentido sur-norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según versiones preliminares, un menor de edad que conducía un vehículo de alta gama, al parecer a alta velocidad, intentó adelantar un bus intermunicipal antes del peaje. En la maniobra chocó contra un camión y luego contra un automóvil particular en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija.Por la fuerza del impacto, la conductora del vehículo particular murió en el lugar. Su acompañante, una mujer de 65 años, fue rescatada por personal de la concesión vial y trasladada a un centro asistencial en Cundinamarca, donde, horas después, falleció. El joven terminó en la zanja del separador central. Las autoridades de tránsito adelantan la inspección para esclarecer las causas del accidente.“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre bus y dos automóviles en la autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte.Se asigna unidad de@TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Tomar Cra. 7”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en su cuenta de X.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la modificación de la licencia del proyecto “Construcción Troncal de los Andes” con lo que se puede ajustar el trazado del proyecto en Chía y así no intervenir de manera directa sobre el predio Las Veguitas y su cuerpo de agua, uno de los principales temas de conflicto ambiental y ciudadano.Es decir, que tras más de ocho años de parálisis, ahora es posible avanzar en el proyecto vial de 3,4 km de doble calzada que busca conectar a Chía con la Autopista Norte y aliviar el colapso de movilidad que afecta a la región.La modificación autorizada comprende un tramo de aproximadamente 1,34 kilómetros, entre los puntos de referencia K0+710 y K2+055, e incluye la reubicación de dos puentes sobre el río Bogotá y la construcción de un box culvert sobre el canal Proleche.Según la ANLA, estos cambios responden a exigencias impuestas previamente por la misma autoridad y a decisiones judiciales que obligaron a replantear el diseño original del proyecto licenciado en 2018. Desde el punto de vista ambiental, la autoridad concluyó que el nuevo trazado reduce los impactos sobre ecosistemas sensibles, particularmente sobre cuerpos de agua y zonas asociadas al sistema hídrico del río Bogotá.El diseño de los puentes, sin pilas dentro del cauce, y el uso de soluciones constructivas como rellenos aligerados, buscan minimizar riesgos de inundación, asentamientos del terreno y afectaciones a obras de control hidráulico existentes.En esa medida, la ANLA reiteró que sí bien la obra es importante para descongestionar la Autopista Norte y mejorar la conexión entre Chía y Bogotá, esta debe desarrollarse bajo estrictas condiciones ambientales y priorizando la protección del territorio.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró la decisión asegurando es vital para la movilidad de la Sabana Centro y que a su vez la Troncal de los Andes permitirá la construcción de una variante que conecte la vía concesionada Devisab con la autopista Norte.“De nuestra parte, estamos en la etapa final de estructuración de estudios y diseños de la doble calzada, que iría desde el costado sur de la variante de Cota hasta integrar con esta troncal de Los Andes. Esta interconexión a doble calzada tendría 8 km de longitud. A esta doble calzada entre Cota y Chía, a la altura de la variante de Cota, se proyecta la extensión de la Av. Suba - Cota, cuyos diseños en el tramo cundinamarqués ya existen a nivel de detalle”, agregó el mandatario.
El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, reaccionó con firmeza a la propuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de implementar desde 2026 un pico y placa para vehículos no matriculados en la capital durante dos sábados al mes. Según Donoso, la iniciativa contradice los esfuerzos de integración regional entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca.“No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento. Alcalde Galán, debemos unir y no dividir”, afirmó el mandatario.Donoso pidió “coherencia” entre el discurso del Distrito sobre construir región y las decisiones que se están tomando en materia de movilidad. Señaló que la medida podría afectar directamente a miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre Bogotá y la Sabana.El alcalde también recordó que ambas administraciones han trabajado de manera conjunta en temas como agua, transporte, seguridad, movilidad y medio ambiente, por lo que insistió en que decisiones unilaterales pueden generar tensiones innecesarias.Además, invitó a Galán a retomar una mesa de integración regional para evaluar la propuesta. “Los habitantes no tienen que sufrir decisiones políticas que los van a perjudicar”, subrayó.Donoso reiteró que su intención no es polarizar, sino garantizar que las políticas de movilidad no rompan los avances logrados entre la capital y los municipios vecinos.
El crecimiento poblacional en los municipios aledaños a Bogotá ha generado grandes congestiones viales que, para muchas familias, se sienten interminables. La capital se ha quedado corta en espacio y oportunidades de vivienda, lo que ha llevado a numerosos hogares a trasladarse a municipios como Chía, Mosquera, Funza o Madrid, donde los precios son más asequibles y el entorno resulta más tranquilo que en Bogotá.Sin embargo, este fenómeno ha derivado en un serio problema de movilidad para quienes deben desplazarse a diario hacia la capital. Frente a ello, se ha puesto sobre la mesa un proyecto que busca mejorar la calidad de vida tanto de los bogotanos como de los habitantes de la Sabana: el Regiotram del Norte.Regiotram del Norte, la apuesta para conectar la Sabana con Bogotá: tendrá billonaria inversiónBogotá enfrenta actualmente varios proyectos de infraestructura que buscan aliviar los problemas de transporte. Aunque el Metro es la obra más esperada, el Regiotram de Occidente también ha generado gran expectativa. Ahora, el Regiotram del Norte promete ser una solución para quienes viven en municipios como Chía, Cajicá o Zipaquirá, donde los trayectos hacia la capital pueden durar horas.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la firma del convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación para hacer realidad este sistema férreo que unirá a los municipios del norte de la Sabana con Bogotá. Según lo anunciado, el Regiotram del Norte podrá movilizar hasta 187.000 pasajeros al día mediante una tecnología completamente eléctrica, lo que reducirá la contaminación y permitirá trayectos más ágiles y sostenibles.El proyecto contará con una inversión conjunta de 15,4 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las obras más ambiciosas en materia de transporte regional.Fechas clave y características del Regiotram del NorteDe acuerdo con la Gobernación, el proceso ya inició con la fase técnica y jurídica desde el 8 de noviembre, para avanzar hacia la licitación de construcción en 2026. Posteriormente, el 1 de junio de 2027 se dará inicio a la concesión, mientras que las obras comenzarán el 1 de junio de 2029. Si se cumplen los plazos, la operación comercial arrancará el 1 de junio de 2034. Una vez entre en funcionamiento, la concesión tendrá una duración de 23 años de operación y mantenimiento.El Regiotram del Norte será un sistema 100% eléctrico, capaz de reducir cerca de 60.000 toneladas de CO2 cada año. Contará con 30 trenes, ampliables a 60 según la demanda, y dispondrá de dos patios-taller para mantenimiento. Además, incluirá puentes peatonales y estaciones elevadas, con el fin de evitar cruces vehiculares y garantizar una movilidad fluida y segura para todos los usuarios.Con esta iniciativa, Bogotá y Cundinamarca dan un paso importante hacia una movilidad más moderna, sostenible y eficiente, que promete transformar la manera en que miles de personas se conectan con la capital.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.