A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.
Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.
La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.
La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.
La masacre de Bojayá, ocurrida en el 2002, ocasionó la muerte de 102 personas, entre ellas 45 niñas y niños. Dejó un profundo estrago colectivo que perturbó la paz y la tranquilidad, destruyó el tejido social, los sistemas productivos, los bienes y desplazó a más de 10 mil… pic.twitter.com/AdjKZb5Hn9
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 11, 2026
La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.
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En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.
El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
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