La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó dos alertas sobre la protección de los menores de edad en Colombia: pidió evitar que se normalice la muerte de niños y adolescentes durante bombardeos contra grupos armados y advirtió sobre las autolesiones entre jóvenes del litoral Pacífico, en algunos casos como una forma de intentar evitar el reclutamiento forzado.
Frente a los bombardeos, la defensora señaló que en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Guaviare es previsible la presencia de menores de edad en los objetivos militares. Por esta razón, pidió al gobierno Nacional evaluar alternativas y adoptar medidas de precaución para evitar que la muerte de niños y adolescentes termine considerándose un daño colateral habitual de la guerra.
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La defensora recordó que los menores siguen siendo víctimas del conflicto, incluso cuando han sido reclutados por grupos armados ilegales. También responsabilizó a organizaciones como el frente 33 y el ELN por esta práctica, que constituye un crimen de guerra y debe detenerse de inmediato.
De esta forma, cuestionó si los bombardeos son la mejor manera de combatir a estos grupos cuando existe el riesgo de que mueran menores de edad.
"El estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos, que es necesario si tienen estas consecuencias", señaló la defensora del pueblo, Iris Marín.
La defensoría alerta por autolesiones de menores de edad para evitar ser reclutados
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En una segunda alerta, la defensora advirtió sobre el aumento de los suicidios y los intentos de suicidio entre jóvenes del litoral Pacífico. La entidad identifica factores sociales que afectan la salud mental, como la violencia de género, el racismo estructural y la exposición a los grupos armados, especialmente por el riesgo de reclutamiento.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que algunos menores estarían recurriendo a las autolesiones para intentar evitar que los recluten. Esta situación evidencia el temor que viven en sus comunidades ante la posibilidad de ser obligados a ingresar a las filas de organizaciones armadas.
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Además, explicó que algunas familias están sacando a sus hijos de sus comunidades para protegerlos. Como consecuencia, hay territorios que empiezan a quedarse sin menores de edad, mientras jóvenes de hasta 28 años también abandonan sus hogares por miedo a terminar involucrados en la guerra.
La defensora advirtió que estos escenarios afectan los proyectos de vida de los jóvenes y sus familias, que deben abandonar sus territorios para protegerse. Por lo que, la Defensoría pide mayor acompañamiento institucional y acciones que permitan prevenir tanto el reclutamiento como las afectaciones a la salud mental.
Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer ese acompañamiento para que los menores puedan construir un futuro seguro, sin tener que hacerse daño o abandonar sus hogares para escapar del reclutamiento.