La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026 por el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario en la zona rural de Dagua, Valle del Cauca, debido a la disputa territorial entre el ELN y el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
La advertencia comprende 17 de los 27 corregimientos rurales del municipio, además de sus veredas, cuatro cabildos indígenas Nasa, el resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe y 14 consejos comunitarios afrodescendientes.
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Según la entidad, el nivel de riesgo para la población civil es extremo ante la posibilidad de combates, homicidios selectivos y múltiples, confinamientos, desplazamientos forzados y uso de explosivos por parte de ambos grupos, que se encuentran en guerra por el control territorial en esta zona del país.
La Defensoría identificó dos dinámicas que configuran el escenario de riesgo. La primera corresponde al ingreso, entre junio y julio de 2026, del autodenominado Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, a sectores de la antigua vía al mar, donde disputa el control territorial al Frente Jaime Martínez.
Esta confrontación se concentra en cuatro corregimientos: El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. La alerta señala que la estructura del ELN ha instalado retenes ilegales y cometido homicidios, además de estigmatizaciones constantes contra la población.
La segunda dinámica corresponde al avance y consolidación territorial del Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. La Defensoría advierte su presencia en otros 13 corregimientos y señala que Dagua funciona como un corredor estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
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La entidad también alertó sobre el incremento de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explotar, así como el posible uso de drones cargados con granadas.
De acuerdo con el documento, existe un riesgo elevado de reclutamiento forzado de menores, así como de utilización de niños y adolescentes en labores de logística e inteligencia y de afectaciones a su permanencia en el sistema educativo. También se advierte sobre la situación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación, incluidas tres mujeres y sus familias.
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Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 13 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional, departamental y local, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones, disuadir las amenazas y garantizar la protección integral de la población.
Las recomendaciones incluyen acciones de coordinación de la respuesta institucional, medidas de seguridad, investigación y acceso a la justicia, y mecanismos de prevención y protección. También contemplan el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el acompañamiento preventivo de los organismos de control.
La Defensoría advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían intensificarse los enfrentamientos, aumentar los homicidios y los ataques con drones en zonas pobladas, prolongarse los confinamientos y producirse desplazamientos masivos en este territorio.