Toda una polémica entre el sector productivo, el transportador y la Alcaldía de Buenaventura se ha generado en los últimos días, por la puesta en marcha de un decreto que establece un cobro por el tránsito de vehículos de carga en el distrito.
Este cobro es de 4.235 pesos por tonelada, lo que haciendo cuentas representaría un pago total de 150.000 por tractomula.
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Los empresarios están pidiendo a la Alcaldía de Buenaventura que derogue el decreto, pues dicen que el cobro afecta la competitividad del puerto.
"Solicitamos a la Alcaldía de Buenaventura derogar el decreto 0338 del 2026 que impone un cobro de 4.235 pesos por tonelada de carga. Nos preocupan sus riesgos jurídicos y el impacto sobre el comercio exterior. Este sobrecosto puede afectar la inversión, el empleo y los ingresos de los bonaverenses y terminar trasladándose a los hogares colombianos", señaló el director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, Juan Manuel Sanclemente.
El sector transportador asegura que este pago incrementa aún más el costo de operación para viajar al puerto de Buenaventura, y lo que generará es que las empresas decidan irse para los puertos del caribe.
"En el caso particular de Buenaventura, venimos asumiendo graves sobrecostos precisamente por la ineficiencia logística que se desarrolla en este puerto, sumado a la inseguridad que también se presenta contra los conductores los saqueos a la carga de manera constante, así que estos motivos sumados están haciendo que muchas cargas estén trasladando del Buenaventura a otros puertos de la costa caribe", expresó Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.
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El sector avícola del país también es otro de los detractores de la medida, pues gran parte de los insumos con los que funcionan galpones y granjas son importados, por lo que los costos de su producción se dispararán.
"Esto significa pra el sector avícola 13.000 millones de pesos, ya que más o menos tres millones de toneladas de granos se importaron el año pasado por este puerto, esto se suma a la difícil situación de competitividad que viene teniendo el puerto de Buenaventura, teniendo en cuenta alto flujo vehicular, contenedores que se encuentran parqueados disminuyendo capacidad, el cierre de Muelle 13 y la inseguridad", sostuvo Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.
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A este llamado de los empresarios se sumó el presidente del Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, el senador Christian Garcés, quien aseguró que este cobro es totalmente inconveniente para el desarrollo del departamento y sostuvo que incluso podría ser ilegal.
"Aumenta el costo de la logística de la carga en un 5 o 6% para los exportadores e importadores en Colombia. Nos podemos quedar con la pobreza de Buenaventura y sin la competitividad para que las empresas que transforman productos en el suroccidente y que utilizan los puertos sigan haciéndolo. Esto no solamente implica que muchas empresas vayan a querer sacar sus productos por el Caribe, sino que pueden pensar en trasladar sus empresas, despedir a los empleados, irse de la región. Así que es necesario que este decreto, que además no fue socializado antes de su expedición, se discuta a fondo", indicó Garcés.
Por su parte, Edison Bioscar Ruiz, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía de Buenaventura, defendió la medida asegurando que este pago no debe ser asumido por el transportador, sino por la empresa generadora de carga, ya sea que importe o exporte.
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"Es el generador de la carga, el dueño de la carga, quien paga este precio público, no es el camionero, no es el transportador, no es el dueño de la empresa de transporte, para que eso quede absolutamente claro, porque se ha querido manejar como si fuera un impuesto más para los transportadores. Lo primero es que no es contra los transportadores, es un precio público que va a pagar el dueño de la carga, y no es un impuesto, es un precio que se paga por un servicio de circulación en el territorio", aseguró Ruiz.