Al menos 400 personas, integrantes de unas 100 familias, permanecen desde hace tres días en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en el corregimiento de Tabiles, en la zona rural del municipio de Linares, en el occidente de Nariño, informó el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González.
El funcionario explicó que, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Municipal de Linares, desde el viernes 16 de octubre se intensificaron los combates entre los grupos armados ilegales Comuneros del Sur, el Frente Franco Benavides, de las disidencias del Estado Mayor Central, y las Autodefensas Unidas de Nariño.
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Según el secretario de Paz de la Gobernación de Nariño, desde hace 72 horas se registra una situación crítica en la vereda El Tambillo de Bravos, en dirección al corregimiento de Tabiles, de donde han salido varias familias.
“Uno puede decir que son unas 30 o 40 familias, pero el informe oficial se estará dando en un comité de justicia transicional. Recordemos que ya sobre esa zona se declaró un confinamiento y un desplazamiento de más de 500 personas, y la situación continúa”, señaló.
“Hay niños, personas mayores y mujeres, porque la mayoría de la población es campesina. Entonces, estamos haciendo un llamado para que pueda existir una pronta atención a estas personas y familias”, indicó González.
El funcionario aseguró que se trata de aproximadamente 100 familias, es decir, unas 400 personas, por lo que se requiere una intervención integral y permanente en estos territorios.
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González manifestó que, desde mayo, se han realizado catorce consejos de seguridad extraordinarios debido a la situación que se presenta, particularmente en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares, y en las veredas de Tambillo de Bravos.
“Sobre esto, hay que manifestar que no es algo nuevo. En esta comunidad se ha configurado el confinamiento y se han presentado desplazamientos. No estamos hablando de 10 o 20 personas, sino de más de 500 personas que han sufrido este flagelo”, afirmó.
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El secretario también señaló que, en días recientes, se registró la destrucción de un trapiche comunitario que daba empleo a 70 personas de varias viviendas de esa región del occidente de Nariño.
“La situación es muy crítica y sorprende que quienes están generando los enfrentamientos sean los mismos grupos armados no estatales: el Estado Mayor Central de las FARC, el Frente Franco Benavides y Comuneros del Sur, junto con las AUN, quienes desde mayo se vienen disputando este territorio y frente a quienes no ha habido respuestas por parte de la fuerza pública”, afirmó el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño.
“Desde la Gobernación de Nariño hemos hecho los requerimientos al Ministerio de Defensa y las solicitudes, incluso, al mismo comandante de las Fuerzas Militares, para poder garantizar la seguridad en esa zona. Sin embargo, la respuesta ha sido muy pasiva por parte del Estado colombiano”, agregó el funcionario.
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González indicó que el día anterior fue evacuada una persona herida y reiteró que la situación es compleja desde mayo.
“La invitación es a que el Ejército no esté solamente cinco o 10 días, sino que ayude a estabilizar y consolidar el territorio”, manifestó.
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El funcionario advirtió que esta zona viene sufriendo los efectos de la guerra desde mayo, una situación que calificó como muy preocupante, pues cada mes o cada quince días se presentan desplazamientos, confinamientos y amenazas.
Además, señaló que los enfrentamientos incluyen el uso de nuevos artefactos de ataque, como drones y explosivos lanzados con estos dispositivos. Según explicó, esta situación está afectando a la población civil, que queda en medio del fuego cruzado, pues los explosivos caen en el puesto de salud y en la cancha de fútbol de Tabiles, así como muy cerca de las viviendas.
La comunidad exige respuestas y presencia del Estado, así como el cese de los combates y una respuesta efectiva de las instituciones. El funcionario agregó que existe inconformidad entre los habitantes porque, desde mayo e incluso desde el año anterior, se han presentado solicitudes para atender esta problemática.
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“Este fenómeno, sin duda alguna, se incrementó desde el mes de agosto”, puntualizó. Finalmente, González indicó que las comunidades del corregimiento también reclaman inversión social y consideró que existe una deuda muy grande con este municipio.