SAG pide recuperación de finca La Novillera, en Jamundí, invadida desde hace cuatro días

Cuatro días llenos de incertidumbre completan los propietarios y trabajadores de la finca La Novillera, ubicada en el corregimiento de Río Claro en Jamundí, tras la invasión al predio por parte de sujetos armados que los amenazaron y destruyeron los cultivos de piña de esta zona.Mientras esperan la respuesta y el respaldo de las autoridades para recuperar la normalidad y tranquilidad en este predio, desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca están solicitando la protección de más de 100 puestos de trabajo que genera la hacienda, desde hace varias décadas, puestos que hoy están en riesgo por la amenaza que genera la presencia de la disidencia 'Jaime Martínez' en este territorio."Los propietarios nos decían que tienen títulos de propiedad desde 1804, esta es una de las fincas ancestrales que ha venido generando empleo en un sistema productivo de ganadería, piña, de limón y conservación ambiental. Entonces, la zozobra que viven los empleados, la afectación con el ganado, el no poder ir a la finca a controlar los cultivos, pues, la gente que empieza a decir, bueno, ¿qué va a pasar?", aseguró María Eugenia Saavedra, presidente de la SAG Valle.Desde este gremio están pidiendo que además de la presencia de la Fuerza Pública también se realice una visita de las autoridades ambientales, debido al daño que los invasores han generado en los ecosistemas de este predio y sus alrededores."Los propietarios se han encargado de tener protegido un guadual que para la CVC es el más bello del Valle del Cauca, tenían tres cañadas grandes protegidas y un espejo de agua de diez hectáreas, tenían avistamiento de aves migratorias, todavía están ardiendo todas estas zonas por el proceso de invasión", añadió Saavedra.Cabe recordar que, a través de un comunicado, los propietarios de La novillera señalaron que este lugar no tiene relación alguna ni con la Sociedad de Activos Especiales, ni la Agencia Nacional de Tierras, tampoco han cedido terreno para la ubicación del Batallón de Alta Montaña del Ejército u otra instalación militar, por lo que no debería ser objeto de estas invasiones."Han actuado en términos legales, haciendo todos los procesos ante Policía, Alcaldía y Gobernación y están a la espera de que la Policía responda, porque es la primera instancia que tiene que recurrir en el desalojo, pero el tema es que como la zona está apartada de los centros poblados, pues las respuestas normalmente no son tan rápidas", finalizó la presidente de la SAG Valle.