La activista Mayerli López rechazó, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la decisión del ministro de Ambiente de revocar la protección de 1.499 hectáreas en Santurbán y advirtió que la medida elimina una barrera jurídica frente al proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Iris Mining.
“Rechazamos la reciente decisión del ministro de tumbar la resolución porque le quita esa barrera jurídica” al proyecto, afirmó López, quien señaló que la iniciativa representa un riesgo para las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y otros municipios de la región.
La defensora también cuestionó el cumplimiento de un fallo de tutela que, según explicó, ordenaba reiniciar de manera inmediata el proceso de consulta. A su juicio, la resolución no fue invalidada por razones técnicas o jurídicas, sino por un proceso de consulta que considera incompleto.
“Esta resolución no se cae por los argumentos técnicos y jurídicos, se cae por un proceso de consulta”, sostuvo López, quien agregó que el Ministerio de Ambiente se ha limitado a realizar anuncios públicos sin reabrir formalmente el proceso administrativo.
De acuerdo con estudios del Servicio Geológico Colombiano, la microcuenca es una zona de recarga hídrica de importancia para la región. En ese sentido, López insistió en que la discusión no puede centrarse únicamente en los recursos minerales del territorio.
“Además del oro y de la plata y del cobre que hay, también hay agua y es el agua que necesitan más de 2 millones de personas”, manifestó la activista.
Publicidad
El Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán también pidió medidas para enfrentar el avance de la minería ilegal en la zona, entre ellas la intervención de la Fuerza Pública y el cierre de túneles abandonados.
“La solución no es lo que llaman ellos la minería legal, entre comillas, que es darle la licencia a las multinacionales”, afirmó López. Según la organización, la minería ilegal en el área estaría generando utilidades mensuales cercanas a los 26.000 millones de pesos.
Ante este panorama, la organización anunció que radicará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander con el objetivo de mantener la protección ambiental del ecosistema.
Publicidad
Además, López confirmó que el comité recusó al ministro de Ambiente, al advertir sobre presuntos conflictos de interés relacionados con la multinacional minera. La activista cuestionó que el funcionario promueva la replicación de modelos de explotación privada en zonas de especial importancia ambiental.|