Una recusación a los 16 diputados de Santander frenó el debate que se tenía previsto para este miércoles 2 de abril sobre la implementación del impuesto de seguridad en el departamento. El polémico proyecto, que fue presentado por la Gobernación de Santander, tiene como propósito de recaudar recursos por tres años y cuatro meses para inversiones en temas de seguridad.
La recusación fue presentada por Sabex y José Nectolio Agualimpia Mejia de Barrancabermeja, quienes argumentan que los diputados tienen un conflicto de interés debido a su intención de aprobar dicha ordenanza, lo que afecta directamente los intereses económicos de los contribuyentes.
“Los diputados no han manifestado públicamente su situación patrimonial y económica, en relación con el proyecto de ordenanza, lo que genera dudas sobre su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, dice el documento de recusación.
Solicitan que se declare la exclusión de los diputados de la discusión y aprobación del proyecto para garantizar una decisión justa y equitativa para todos los ciudadanos del departamento.
El diputado de Santander, Danovis Lozano, quien fue el primero en alertar las pretensiones del gobernador Juvenal Díaz de imponer un impuesto de seguridad, dijo que será la Procuraduría la que determine si procede o no la recusación de los diputados.
“Estos ciudadanos preocupados de Barrancabermeja, más aún Barrancabermeja una ciudad donde el recibo de la energía eléctrica es demasiado alto interpone esta recusación para que sea la Procuraduría la que determine si procede o no procede si no procede se reagende el debate”, señaló Lozano.
Lo último sobre el proyecto de impuesto de seguridad es que, tras una reunión entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, con empresarios y comerciantes, se determinó un cambio en la propuesta de cobro, por lo determinaron que habrá topes para el pago que se contempla hacerse a través del recibo de energía por kilovatio consumido.
De aprobarse el impuesto de seguridad sería aplicado a los estratos 4,5 y 6, sector industrial y comercial en los 87 municipios de Santander.
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