La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Stefany Valeria Vivas Beltrán, quien se desempeñaba como representante legal del Consorcio Interpuentes, por presuntas irregularidades en la interventoría de un puente peatonal sobre el río Chicamocha, en Cepitá, Santander.
De acuerdo con la investigación, durante 2023 la interventoría habría dado un concepto favorable a modificaciones de los estudios y diseños del contrato de obra. Entre los cambios señalados estaría la reducción de las cantidades de concreto y modificaciones al sistema de anclaje que sostenía la estructura.
El organismo de control busca establecer si estas decisiones estuvieron acompañadas de la vigilancia técnica necesaria y si se cumplieron las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de la obra.
La estructura fue entregada a la comunidad y, menos de dos meses después, presentó una falla estructural que terminó provocando su colapso, afectando el tránsito de los habitantes que utilizaban este paso sobre el río Chicamocha.
Para la Procuraduría, la interventora tenía la obligación de realizar un seguimiento técnico permanente y actuar con la diligencia necesaria para verificar que las modificaciones y la ejecución del contrato cumplieran con las condiciones establecidas.
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Por estos hechos, la conducta fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El proceso disciplinario continuará para determinar si existió responsabilidad y las posibles consecuencias para la funcionaria investigada.