Cinco instituciones educativas de Bucaramanga requieren una intervención urgente para atender problemas de infraestructura que representan riesgos para estudiantes y comunidades educativas. La Secretaría de Educación estima que las obras necesarias en estos planteles demandan alrededor de $5.000 millones.
Se trata de las sedes A del Francisco de Paula Santander y B del Jorge Eliécer Gaitán, donde se requieren trabajos en muros de cerramiento e internos, respectivamente. También está la sede B de Provenza, que necesita la intervención de un muro y la construcción de gaviones para contener un alud de tierra que amenaza con afectar la institución.
A este listado se suman Santo Ángel, que presenta problemas en muros internos y fallas en el suelo, y la sede B de Club Unión, donde se requiere intervenir el muro de cerramiento.
La secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Guarín, explicó que estas son las necesidades consideradas prioritarias, mientras avanza un diagnóstico más amplio sobre el estado de las instituciones educativas de la ciudad.
El panorama se hizo más evidente después del sismo registrado recientemente. Aunque Bucaramanga no estuvo entre las zonas más afectadas, 56 sedes educativas fueron identificadas con afectaciones en grietas, muros o cubiertas que evidenciaron o agravaron problemas existentes en sus estructuras.
“El reporte ya fue entregado al Ministerio de Educación Nacional. Esta situación no se limita a los cinco colegios priorizados, pues Bucaramanga cuenta con 47 instituciones educativas, 118 sedes y cerca de 68.000 estudiantes, con necesidades de mantenimiento y adecuación que requieren inversiones constantes”, señaló la funcionaria.
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Uno de los principales problemas es el asbesto-cemento, presente en cerca del 50 % de las instituciones educativas de la ciudad. A esto se suman deterioros estructurales que se han acumulado durante años y que requieren recursos que superan la capacidad del municipio.
La administración municipal asegura que ha venido destinando recursos para atender algunas de las necesidades, pero reconoce que la magnitud del déficit exige el apoyo del nivel nacional y una inversión sostenida para evitar que los problemas de infraestructura continúen afectando las condiciones en las que reciben clases miles de estudiantes.