En Santander buscan crear una nueva fuente de recursos para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales del departamento.
La propuesta, que es impulsada por congresistas santandereanos con el respaldo de la Gobernación, plantea destinar un 2 % de una estampilla a este propósito. De acuerdo con el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, el recaudo podría alcanzar los 50.000 millones de pesos anuales, lo que permitiría disponer de cerca de medio billón de pesos en una década, sin contar los recursos que eventualmente pueda aportar el Gobierno Nacional.
"Nosotros aprovechando que se cayó la estampilla pro reforestación porque no fue al Congreso de la República, que se cayó el punto dos que pagaba cada estampilla por sistemas y computadores por la parte de procesamiento de toda esa recolección de la estampilla, nos queda un dos punto cuatro. Estamos proponiendo una ley de la República para que podamos nosotros aportar el 2% en estampilla a la educación preescolar, primaria y secundaria del departamento de Santander", explicó el gobernador.
La necesidad, según el mandatario, es urgente. Santander cuenta con unas 2.300 instituciones educativas y, de acuerdo con el diagnóstico de la Gobernación, cerca del 80 % requiere algún tipo de intervención. Los problemas van desde deterioro de las estructuras hasta falta de servicios básicos.
“Usted va a los municipios y eso se cae”, señaló el gobernador al referirse a las condiciones que encontró en diferentes colegios y escuelas de la provincia.
Entre las prioridades estaría el reemplazo de las cubiertas y elementos que contienen asbesto, material cuyo uso está prohibido por sus riesgos para la salud. El gobernador aseguró que cerca del 80 % de las instituciones educativas del departamento todavía tendría infraestructura con este material.
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A esto se suman colegios que presentan grietas, problemas estructurales, falta de baños, agua potable y sistemas adecuados de acueducto, además de otras necesidades que han llevado incluso a comunidades a acudir a los jueces para exigir soluciones.
Solo las acciones de tutela relacionadas con infraestructura educativa representan, según la Gobernación, necesidades por más de 160.000 millones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud del déficit que enfrenta el departamento.
La administración departamental ha destinado recursos de regalías y cerca de 20.000 millones de pesos del empréstito se han usado para atender 42 de estas obligaciones judiciales, pero advierte que ese dinero no es suficiente para resolver las necesidades de todo Santander.
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Por eso, la estampilla se plantea como una herramienta de financiación permanente que permita programar las obras y, además, facilitar la gestión de recursos adicionales ante el Gobierno Nacional.
“Con este recurso yo creo que vamos a darle una solución definitiva y a mejorar la infraestructura educativa del departamento de Santander”, afirmó Díaz Mateus.
La meta de la Gobernación es que, si el proyecto logra avanzar en el Congreso, durante los próximos ocho a diez años se pueda cerrar buena parte de la brecha de infraestructura y garantizar mejores condiciones para los estudiantes, especialmente en las zonas rurales.