La Defensoría del Pueblo alertó por nuevos hechos que afectan a la población civil y por el aumento de los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en el Catatumbo, Norte de Santander. Según información preliminar recopilada por la entidad, seis personas resultaron heridas esta semana en el sector de Mate Lata, zona rural de Sardinata, luego de la explosión de un artefacto que habría sido lanzado desde un dron. Tres de los heridos estarían en estado grave.
"Expresamos nuestra preocupación por los hechos conocidos esta semana en Sardinata y Tibú, Norte de Santander, que han generado nuevas afectaciones a la población civil en medio de la persistencia de la violencia en el Catatumbo", se lee en el comunido.
Otro de los hechos ocurrió en Pachelli, jurisdicción de Tibú, donde un adulto mayor resultó gravemente herido por un artefacto asociado con minas antipersonal, lo que le habría provocado la pérdida de una extremidad. Además, se han presentado amenazas y mensajes estigmatizantes que han circulado en redes sociales contra personeros del Catatumbo.
Alertamos sobre nuevas afectaciones a la población civil y riesgos para quienes defienden los derechos humanos en el Catatumbo
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 15, 2026
Expresamos nuestra preocupación por los hechos conocidos esta semana en Sardinata y Tibú, Norte de Santander, que han generado nuevas afectaciones a la… pic.twitter.com/pvVYwzBXoA
La Defensoría expresó su solidaridad con la Asociación de Personeros del Catatumbo y destacó que estos funcionarios cumplen labores de defensa de derechos humanos y acompañamiento a las comunidades en una zona de alta conflictividad. La entidad también rechazó los señalamientos que pretendan vincularlos con actores armados. Advirtió que este tipo de estigmatización puede incrementar los riesgos para su vida, integridad y ejercicio independiente.
Frente a este panorama, la Defensoría pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger a los funcionarios y a las comunidades. También reiteró a los grupos armados su obligación de respetar a la población civil y cumplir los principios del Derecho Internacional Humanitario.