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A juicio irán tres exdirectivos del Concesionario Estaciones Metrolínea por un presunto desfalco superior a los mil millones de pesos en la construcción de un portal de la empresa de transporte masivo de Bucaramanga, que quedó abandonada.
Este lunes se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Daniel Carvajal, Daniela Gil y Pablo Bustamante exdirectivos del concesionario Estaciones Metrolínea implicados en un presunto desfalco ocurrido en la construcción del portal de Metrolínea PQP que nunca se construyó debido a una acción popular, sin embargo, los implicados habrían girado cientos de millones de pesos a mensajeros y escoltas que luego sacaron el dinero sin claridad de su destino.
“Lo que piensa hacer el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán es favorecer estos desfalcos que han acabado con Metrolínea porque el origen del laudo arbitral es una empresa que está involucrada en múltiples casos de corrupción, su gerente ha estado involucrado en casos de volteo de tierra en Floridablanca, en Girón, en todos los esquemas de corrupción que le han hecho tanto daño a la ciudad y este lunes tiene audiencia de acusación por un caso muy grave. Esto muestra la completa viabilidad de la estrategia que yo le propuesto a la ciudad de una estrategia de litigio frente a estas deudas en lugar de, de manera alcahueta, pagar estos casos de corrupción”, dijo el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra.
Según la Fiscalía General de Nación los investigados habrían ingresado los cheques girados a la contabilidad del concesionario y luego habrían adulterado los registros del consorcio para cubrir el rastro del posible ilícito.
“Hechos jurídicamente relevantes. Los señores Daniel Carvajal Rey y Diana Patricia Gil representantes legales de la empresa Estaciones Metrolínea Limitada y el señor Pablo Emilio Bustamante Arango se apropiaron de la suma de $1.038.000.000 en los años 2008 a 2009 de recursos provenientes del Sistema Masivo de Transporte de Bucaramanga, Santander, mediante el giro de cheques de la cuenta corriente de la empresa Estaciones Metrolínea, donde se administraban los recursos de la licitación para la construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca”, explica el documento de la Fiscalía.
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