La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de la Secretaría de Educación de Girón, Santander, y de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza incurrieron en posibles irregularidades durante el proceso de recaudo, inscripción y pago de los derechos correspondientes a las Pruebas Saber 11.
La actuación busca determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el trámite de inscripción de los estudiantes y por qué el procedimiento no se habría completado dentro de los plazos establecidos. La situación habría provocado que más de 38 alumnos del plantel tuvieran que presentar el examen de Estado de manera extemporánea.
De acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, los estudiantes estaban previstos para presentar las pruebas el 26 de julio de 2026. Sin embargo, las presuntas fallas en el proceso administrativo habrían obligado al rector de la institución a realizar gestiones ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) con el propósito de garantizar que los alumnos pudieran presentar la evaluación.
La indagación fue iniciada de oficio luego de que la Procuraduría conociera una publicación periodística que alertó sobre la situación registrada en la institución educativa, ubicada en la vereda Acapulco, en jurisdicción de Girón.
Ahora, el objetivo de la investigación preliminar es establecer qué ocurrió durante el proceso, identificar a los funcionarios que participaron en cada una de las etapas y determinar si existió alguna omisión o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el recaudo y la inscripción de los estudiantes.
Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público ordenó recopilar diferentes documentos y soportes. Entre las pruebas solicitadas se encuentran registros de inscripción, información financiera, comprobantes de pago, informes administrativos y documentación relacionada con las actuaciones adelantadas tanto por la institución educativa como por las autoridades responsables del proceso.
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La indagación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que aún no se han establecido responsabilidades individuales ni se ha determinado la existencia de una falta disciplinaria. La Procuraduría deberá analizar la documentación y demás elementos de prueba para establecer qué sucedió y si hay funcionarios que deban responder por las presuntas irregularidades.