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Procuraduría pone la lupa sobre proyecto de alumbrado público en Barichara

El organismo de control investiga un presunto incumplimiento en la vigilancia de un contrato para modernizar con tecnología LED el sistema de alumbrado público urbano y rural del municipio.

Barichara, Santander (1).jpg
Barichara, Santander //
Foto: Booking.com

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el interventor encargado de vigilar el proyecto de modernización del alumbrado público de Barichara, Santander, al considerar que habría incumplido sus funciones de control y seguimiento sobre la ejecución del contrato.

La decisión del Ministerio Público recae sobre Jorge Iván Uribe Parra, representante legal de la Unión Temporal Interventoría Barichara Alumbrado Público, quien deberá responder dentro de una investigación disciplinaria relacionada con las obras que buscaban modernizar el sistema de iluminación urbana y rural del municipio mediante tecnología LED.

Según la Procuraduría Provincial de San Gil, el investigado habría incumplido su deber de vigilancia frente al contrato de concesión encargado de la administración, operación, mantenimiento, reposición y expansión del servicio de alumbrado público en Barichara.

La investigación busca establecer si durante la ejecución del proyecto se presentaron fallas en la supervisión técnica que comprometieran los principios de transparencia, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal.

El organismo de control calificó de manera provisional la presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, una de las sanciones disciplinarias más severas contempladas en la normativa vigente.

Aunque la formulación de cargos no constituye una sanción, sí marca un avance importante dentro del proceso disciplinario y abre una nueva etapa en la que el investigado podrá ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas recopiladas por la Procuraduría.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la ejecución y vigilancia de proyectos públicos en Santander, especialmente aquellos relacionados con la prestación de servicios esenciales para la comunidad, como el alumbrado público.

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Ahora será la Procuraduría la encargada de determinar si existieron irregularidades en el control del contrato y si estas derivan en una eventual responsabilidad disciplinaria para el interventor del proyecto.

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