Tres años sin puente en San Andrés: comunidad sigue cruzando en tarabita

Habitantes de San Andrés, Santander, completan tres años enfrentando dificultades de movilidad tras la pérdida del puente sobre el río El Congreso, infraestructura que fue arrasada por una avalancha el 11 de abril de 2023 y que, pese a contar con recursos asignados, aún no ha sido entregada.

Más de 2.000 familias permanecen incomunicadas y deben cruzar el afluente en una tarabita, exponiendo su vida diariamente. La situación genera preocupación por el acceso a servicios básicos, la educación de los niños y la economía campesina de la zona.

Kendy Jaimes, habitante del municipio, aseguró en entrevista con Blu Radio que la comunidad ha soportado múltiples incumplimientos. “Han sido tres años de promesas incumplidas. Hoy seguimos arriesgando la vida en una tarabita, niños, adultos mayores y toda la comunidad”, manifestó.

La obra, que actualmente cuenta con un presupuesto cercano a los 14.000 millones de pesos, iniciada en la administración de Mauricio Aguilar y con recursos adicionales durante el gobierno de Juvenal Díaz, presenta retrasos que, según la comunidad, obedecen a la falta de personal y continuidad en los trabajos.

“Es una obra donde no se ven más de tres o cuatro trabajadores, el contratista viene y se va cuando quiere, no hay un trabajo permanente”, agregó Jaimes.

El pasado jueves 23 de abril se realizó una reunión de seguimiento con participación de la comunidad, veedores, autoridades municipales, la Personería, la Defensoría del Pueblo y el contratista, quien se comprometió nuevamente a entregar el puente en un plazo de cuatro meses, es decir, en agosto.

Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo. “No es la primera vez que anuncian fechas de entrega y no cumplen. Amanecerá y veremos”, advirtió la líder comunitaria.

Como parte de los acuerdos, se estableció la realización de reuniones mensuales de seguimiento. La próxima quedó programada para el 23 de mayo, con el fin de verificar avances reales en la obra.

El defensor del Pueblo en Santander, Jesualdo Ramírez, quien visitó la zona, expresó su preocupación por las condiciones que enfrenta la comunidad.

“Hay un riesgo evidente contra la vida y la dignidad de los campesinos, además de afectaciones al derecho a la movilidad y al acceso a la educación de niños y niñas”, señaló el funcionario, quien no descartó acciones constitucionales para garantizar los derechos de los habitantes.

La falta del puente también ha impactado la economía local en esta región productora de café, cítricos como el limón Tahití y panela, además de ser un corredor turístico hacia la laguna de Ortices. Campesinos aseguran que han tenido pérdidas debido al aumento en los costos de transporte por rutas alternas.

Por su parte, el contratista informó que en mayo iniciará una fase clave del proyecto, con el montaje de la estructura metálica del puente.

“Vamos a empezar a lanzar 70 toneladas del puente. Ya estamos construyendo una torre de soporte que permitirá descargar la estructura. Esta primera fase tardaría aproximadamente 20 días”, explicó.

Mientras tanto, la comunidad insiste en la urgencia de soluciones inmediatas, incluyendo el envío de maquinaria prometida por la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, y advierte que la paciencia se agota ante una obra que, tres años después, sigue sin garantizar una movilidad digna y segura.