El informe señala que uno de cada cinco pesos, es decir, 234.000 millones de un total de 1,2 billones de pesos destinados por el Ministerio de Salud, terminó en manos de un pequeño grupo de contratistas con vínculos cercanos al petrismo y con antecedentes cuestionables.
Estos contratos fueron entregados por hospitales públicos en cuatro departamentos: Vaupés, Santander, Huila y Cesar. Aunque fueron adjudicados por separado, presentan coincidencias inquietantes. Las obras fueron ganadas por consorcios conformados por los hermanos Germán y Mauricio Tarazona, junto con sus socios Carlos Gutiérrez y Carlos Olarte Martínez, empresarios que han estado vinculados a campañas políticas del Pacto Histórico o a casos previos de manejo irregular de fondos públicos.
Los Tarazona, a través de su empresa TGA Asociados, pasaron de manejar contratos pequeños a controlar megacontratos multimillonarios tras el triunfo de Gustavo Petro. Antes de 2022, la Corporación Sersocial, empresa original de los hermanos, tenía 34 de sus 50 contratos por montos inferiores a 500 millones de pesos. Sin embargo, desde 2023, su situación cambió radicalmente: en cuestión de meses se adjudicaron seis contratos para remodelación y construcción de hospitales, sumando más de 230.000 millones de pesos.
Las adjudicaciones se realizaron mediante procesos licitatorios poco competitivos, donde las interventorías encargadas de supervisar el buen uso de los recursos estaban vinculadas directamente con los mismos contratistas. Esto sugiere la existencia de un posible carrusel de contratación: una práctica en la que grupos empresariales se reparten obras públicas bajo acuerdos informales, debilitando la transparencia y la libre competencia.
El ministro Guillermo Jaramillo, quien fue gerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022, ha sido relacionado con estos contratistas tanto por fotografías en visitas a obras como por su cercanía con líderes políticos que los promueven. Aunque el Ministerio de Salud argumenta que los recursos se entregan directamente a los hospitales y que las decisiones de contratación son autónomas, esta forma de descentralización ha sido cuestionada por permitir licitaciones bajo manuales internos más flexibles y menos exigentes que los de la contratación estatal ordinaria.
El caso de Carlos Gutiérrez, uno de los socios principales en estos contratos, también llama la atención. Su nombre estuvo involucrado en el escándalo “Vitalogic” de Bucaramanga, relacionado con presuntas coimas para favorecer contratos de basuras durante la alcaldía de Rodolfo Hernández. Aunque Gutiérrez no fue judicializado, su papel como socio de los Tarazona y como intermediario para contactar a Carlos Olarte —otro contratista con un pasado polémico— refuerza las alertas sobre el carácter de este entramado contractual.
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Olarte, por su parte, había disminuido su presencia en contrataciones públicas tras varias denuncias por fallas en proyectos adjudicados a sus fundaciones en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. No obstante, a partir de 2022 volvió al ruedo, y en 2023 se asoció con TGA para quedarse con contratos hospitalarios en distintas regiones del país.
Lo más preocupante es que los fondos utilizados para estas obras provienen de una reasignación que hizo el ministro Jaramillo al solicitar al Ministerio de Hacienda redirigir 1,2 billones de pesos, que estaban destinados inicialmente al aseguramiento en salud, es decir, al pago de servicios para pacientes, hacia infraestructura hospitalaria. Aunque la inversión en hospitales es una necesidad, varios expertos han advertido sobre los riesgos de hacerlo sin controles suficientes, ya que abre la puerta a la captura de recursos por parte de políticos y contratistas.
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El caso expone no solo un posible uso político de la contratación pública, sino también una debilidad estructural en los mecanismos de control de los recursos estatales. Lo que comenzó como una promesa de transformación en salud, en línea con el discurso de equidad y justicia social del Gobierno Petro, hoy presenta serios signos de captura institucional y desvío de fondos hacia intereses particulares.
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