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En una reciente decisión, el Consejo de Estado revocó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligaba al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a implementar un plan urgente para enfrentar la crisis de desabastecimiento de medicamentos en el país.
Esta resolución surge en el contexto de un proceso legal en el que la Procuraduría General de la Nación buscaba salvaguardar derechos e intereses colectivos que, según argumenta, han sido vulnerados por fallas en las políticas públicas relacionadas con el control de precios de medicamentos. El Tribunal, en una primera instancia, había considerado necesario adoptar medidas inmediatas para mitigar la escasez de fármacos esenciales.
Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la solicitud de la medida cautelar no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 1437, específicamente en sus artículos 229 y 230, que regulan la procedencia y el contenido de tales medidas.
Según el Consejo, aunque la demanda busca proteger derechos colectivos vinculados al patrimonio público y la salud, la solicitud de la medida cautelar no se relaciona de manera directa con las pretensiones planteadas, enfocándose erróneamente en el desabastecimiento.
Esta decisión del Consejo de Estado muestra la problemática de desabastecimiento de medicamentos y la necesidad de una regulación efectiva en el mercado, mientras las instituciones implicadas continúan enfrentando este problema de garantizar el acceso adecuado a tratamientos esenciales para la población.
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