En una decisión definitiva para la protección del erario, la Contraloría General de la República ratificó un fallo de responsabilidad fiscal por un valor total de $226.718 millones en contra de la liquidada Medimás EPS, la firma Estudios e Inversiones Médicas (Esimed S.A.) y varios de sus altos mandos de la época. La investigación, liderada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dejó al descubierto cómo se malgastaron recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que debían garantizar el bienestar de los colombianos.
Para entender la magnitud de este desfalco, hay que mirar la "letra menuda" de las irregularidades detectadas. No se trató de un error contable aislado, sino de una serie de conductas que desangraron las finanzas del sistema a través de cinco frentes principales:
Anticipos sin legalizar: El golpe más duro proviene de los anticipos pagados que nunca se legalizaron ni se amortizaron, sumando la astronómica cifra de $205.808 millones.
Servicios con precios inflados: Se pagaron más de $12.679 millones por encima de lo que dictaban los contratos médicos originales.
Medicamentos costosos: La Contraloría halló que se compraron fármacos superando los precios máximos permitidos por la ley, lo que representó un sobrecosto de $4.223 millones.
Pagos en exceso y facturas dudosas: Además de desembolsar $248 millones de más sobre lo facturado, se pagaron cuentas con inconsistencias u objeciones (conocidas como facturas glosadas) por un valor de $3.758 millones.
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Este fallo no solo recae sobre las empresas como personas jurídicas, sino que también vincula a quienes tomaban las decisiones, entre ellos, dos expresidentes, exvicepresidentes administrativos, financieros y jurídicos, y la exgerente de tesorería.
Cabe destacar que este no es el primer tropiezo legal de Medimás. Ya en 2024, la entidad había sido sancionada con otro fallo por $89.828 millones debido a pagos irregulares, que incluían desde multas hasta servicios médicos cobrados a nombre de personas ya fallecidas.
Esta acción forma parte de una ofensiva mayor de la Unidad Especial Anticorrupción, que entre 2022 y 2026 ha gestionado procesos por cerca de $16 billones de pesos. Con 43 fallos de responsabilidad fiscal a cuestas, que suman $2,1 billones, la lupa del ente de control sigue puesta sobre otros casos emblemáticos como Bioenergy, Saludcoop y Centros Poblados, reafirmando que el dinero de la salud y el desarrollo del país es intocable.