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La crisis del sistema de salud en Colombia ya no solo afecta a los usuarios del régimen general, sino que también impacta con fuerza a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Es el caso de Gloria Agudelo, docente en el municipio de Quinchía, Risaralda, quien completa 15 meses de incapacidad mientras espera una cirugía de alta complejidad que no ha podido concretarse por múltiples fallas en el sistema.
“Ha sido un proceso muy lento. Pueden pasar meses esperando una respuesta. Dan autorizaciones, pero conseguir una cita o una cirugía es muy difícil”, relató.
La docente asegura que, aunque en diciembre le habían programado su tercera cirugía en la Clínica San Rafael, el procedimiento nunca se realizó debido a la terminación del convenio entre la institución y el Fomag.
“Me dijeron que no iban a renovar por problemas de pago. Que no era justo que los especialistas trabajaran tres o cuatro meses sin recibir salario”, explicó.
Desde entonces, ha tenido que buscar atención en distintas clínicas sin éxito. En algunos casos, los especialistas se han negado a operarla debido a la complejidad de su condición; en otros, simplemente no ha recibido respuesta.
A esto se suma la falta de seguimiento médico. Pese a presentar nuevos dolores y complicaciones, no le autorizaron una consulta con urología bajo el argumento de que ya está a la espera de cirugía.
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“Mi salud se ha ido deteriorando. Estoy con sonda vesical permanente y cada día es más difícil. Necesito control médico, pero no me autorizan nada”, denunció.
El impacto no ha sido solo físico. La docente también enfrenta consecuencias laborales, ya que fue citada recientemente para iniciar un proceso de evaluación de pérdida de capacidad laboral, tras más de un año incapacitada.
“Es muy duro. Uno siente que lo están llevando a esto por la demora del sistema, no por su condición. Si las cirugías se hubieran hecho a tiempo, yo estaría trabajando normalmente”, afirmó.
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Según su relato, los tiempos médicos no se han cumplido: la segunda cirugía debía realizarse en abril de 2025 y se hizo hasta junio, mientras que la tercera, prevista para septiembre, sigue sin fecha.
Para Agudelo, esta situación refleja una problemática más amplia que enfrentan los docentes en el país. “Es catastrófico. Tenemos mucho que aportar y no es justo que terminemos en estas condiciones por fallas del sistema”, concluyó.
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