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La Defensoría del Pueblo hizo un fuerte llamado a la Nueva EPS y al Gobierno nacional tras la muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, quien no recibió el medicamento que le había sido prescrito.
“Desgarrador. Una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera”, señaló la Defensoría.
La defensoría advierte que el caso pone en evidencia los problemas persistentes en el acceso a medicamentos en el país y la “grave vulneración del derecho a la salud”, especialmente en enfermedades que requieren atención inmediata y continua.
De acuerdo con la Defensoría, el joven reclamó reiteradamente su tratamiento sin obtener respuesta por parte de la Nueva EPS, lo que habría afectado de manera directa la evolución de su enfermedad.
En este sentido, advirtió que las fallas en la oportunidad de la atención y las interrupciones en los tratamientos, particularmente en pacientes con cáncer, pueden ser determinantes entre la vida y la muerte.
“Durante meses, Jeisson reclamó el medicamento que le prescribieron y la Nueva EPS no le dio respuesta. Los problemas de oportunidad y las interrupciones en los tratamientos vulneran la salud y la vida de los pacientes con cáncer”, aseguraron.
La entidad también señaló que la Nueva EPS no ha logrado estabilizar su red de dispensación de medicamentos en varias regiones del país, pese a los llamados realizados por organismos de control, veedores y entidades de vigilancia.
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Ante este panorama, la Defensoría reiteró que todas las instituciones del sistema de salud, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar una atención oportuna y de calidad, y de adoptar las medidas necesarias para reducir el sufrimiento de los pacientes.
“Las instituciones que hacen parte del sistema de salud, las entidades públicas y privadas, del nivel territorial y nacional, tienen el deber de hacer todos los esfuerzos para reducir el sufrimiento de las personas, sobre todo, de quienes no logran la atención en salud que requieren”, afirmó.
Finalmente, insistió en el llamado a la Nueva EPS y al Gobierno nacional para asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales.
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“Los principios constitucionales no admiten excusas administrativas cuando la salud y la vida están en riesgo”, concluyeron.
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