Hay molestia entre los gobernadores del país por la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en crisis y problemas financieros pues aseguran que es una decisión sin un plan de transición territorial claro, lo que pone en riesgo la atención de millones de colombianos y podría desencadenar un colapso en la red hospitalaria pública.
Desde la Federación Nacional de Departamentos, aseguraron que la medida no solo tiene implicaciones administrativas, sino que amenaza directamente la continuidad de tratamientos médicos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o que requieren atención permanente.
Los mandatarios regionales alertan que una liquidación sin una estrategia organizada podría traducirse en interrupciones en medicamentos, autorizaciones y procedimientos esenciales, afectando gravemente la salud de la población más vulnerable. La otra preocupación tiene que ver con la viabilidad financiera por la deuda que sigue pendiente y creciendo.
“Los datos del Sistema de Información Hospitalario del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, revelan la magnitud del riesgo: las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, detallaron desde la Federación.
Ante esto, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la Federación, señaló que si bien los gobernadores reconocen la crisis estructural del sistema, no se puede avanzar en reformas sin respaldo técnico ni coordinación con las regiones.
“No está en juego solo el futuro de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos”, advirtió, al tiempo que cuestionó que una transformación de esta magnitud se impulse en la recta final del actual gobierno sin consensos territoriales.
Ante este panorama, los gobernadores formularon ocho exigencias concretas al Ejecutivo, entre ellas la creación urgente de una mesa de coordinación nación-territorio, mecanismos para proteger la cartera hospitalaria, garantías de continuidad del aseguramiento y mayor claridad sobre el nuevo modelo de financiamiento y acceso a medicamentos.
“La salud no admite vacíos de transición. Para los pacientes crónicos y de alto costo, cada día sin medicamentos, sin autorización o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en su condición de salud. Por eso, la FND insiste en que cualquier decisión sobre la liquidación de EPS debe partir de una planeación responsable, seria, territorializada y centrada en la protección efectiva de los pacientes”, puntualizaron.