La Procuraduría ordenó autorizar la remisión urgente de un menor de 13 años a un centro médico de alta complejidad, tras intervenir para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de un adolescente afiliado a la EPS Famisanar S.A.S. La medida buscaba frenar un deterioro irreversible en el órgano visual del paciente.
El adolescente se encontraba hospitalizado por una celulitis periorbitaria posseptal secundaria a sinusitis en su ojo izquierdo. Esta complicación es una infección severa que se origina en los senos paranasales y se extiende hasta las capas profundas de los tejidos que rodean el ojo, produciendo una grave inflamación.
A pesar del manejo antibiótico inicial, la condición derivó en un absceso orbitario, una acumulación localizada de pus en la cavidad ocular.
Ante no presentarse una mejoría y la falta de instrumental quirúrgico especializado en el hospital de origen, un especialista en oculoplastia, médico cirujano experto en párpados, órbita y vías lagrimales, determinó la necesidad urgente de operar.
Para llevar a cabo el procedimiento, se requería con urgencia el traslado a una institución de tercer o cuarto nivel.
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Con el fin de evitar un perjuicio irremediable en la vida y salud del joven, el órgano de control fijó un término improrrogable de dos días para que la EPS gestionara el traslado a un centro oftalmológico especializado. La acción preventiva buscó eliminar las trabas que impedían la pronta atención del menor.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá actuó en conjunto con la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, contando con el apoyo de la Personería Distrital a través del Grupo de Atención Especializada en Protección de Derechos Humanos (GAEPVD).
Dentro de las actuaciones adelantadas, las autoridades requirieron a la entidad de salud un informe minucioso sobre la situación del menor. El requerimiento exigía precisar la fecha fijada para la cirugía, la clínica receptora y las explicaciones detalladas sobre los motivos que causaron las demoras iniciales en el tratamiento.
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Como resultado de las acciones coordinadas y la presión ejercida sobre la prestadora de servicios, se logró superar el obstáculo administrativo. El menor de edad fue trasladado oportunamente y sometido de manera satisfactoria a la cirugía orbitaria necesaria para preservar su salud visual.