En medio de la controversia por la publicación de los estados financieros de Nueva EPS, el agente interventor Jorge Iván Ospina rechazó los cuestionamientos sobre la validez de los reportes contables y aseguró que la intervención estatal ha permitido corregir un desorden financiero acumulado durante varios años, aunque reconoció que la entidad enfrenta una situación económica compleja.
Durante una entrevista radial, Ospina respondió a las críticas surgidas tras la divulgación de los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, luego de que se afirmara que dichos documentos no contaban con el aval de la auditoría. El funcionario negó esa versión y sostuvo que los estados financieros sí corresponden al trabajo técnico realizado por el equipo contable de la EPS.
“Está equivocado el doctor Vargas Lleras”, afirmó Ospina al referirse a quienes sostienen que los documentos publicados no son oficiales. Según explicó, lo que aún se encuentra en proceso es el dictamen de la revisoría fiscal y de la auditoría, pero ello no invalida la información financiera presentada.
El interventor explicó que durante el último año se adelantó una reconstrucción de la información contable correspondiente a los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, debido a que durante ese periodo miles de facturas de servicios médicos no habían sido registradas oportunamente.
“La estructura contable de nuestra entidad ha trabajado durante un año en la reconstrucción financiera... para poder depositarlos y entregarlos para que sean revisados”, señaló.
Déficit histórico y reducción gradual
Frente a las pérdidas reportadas, que alcanzan cerca de 4,8 billones de pesos en 2024, Ospina reconoció que los resultados son negativos, aunque insistió en que corresponden a un problema heredado y no exclusivamente a la gestión de la intervención.
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“Son inapropiados para la vigencia 2023 y 2024”, respondió al ser consultado sobre los estados financieros.
Sin embargo, defendió que la situación ha venido mejorando progresivamente. Según explicó, el déficit reexpresado pasó de 6,8 billones de pesos en 2023 a 4,6 billones en 2024, y anticipó que los resultados de 2025 mostrarán una reducción adicional.
“Año por año el déficit va cayendo y seguramente si continuamos por esta senda la Nueva EPS recuperará su estabilidad”, aseguró.
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El interventor atribuyó buena parte de la crisis a la existencia de cerca de 10 millones de facturas represadas que, durante varios años, no fueron incorporadas a la contabilidad de la entidad, lo que ocultó el verdadero tamaño de las obligaciones con clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud.
Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue el informe de la Contraloría General de la República, que advierte un incremento de los anticipos pendientes de legalizar, los cuales habrían pasado de 8,6 billones de pesos a más de 15 billones durante 2025.
Aunque el periodista insistió en que esas cifras demostrarían un agravamiento de la crisis bajo la intervención, Ospina rechazó esa interpretación.
“Lo que es cierto es que hay un acumulado de cuentas por pagar que vienen desde vigencias muy anteriores”, sostuvo, al explicar que muchas obligaciones permanecieron ocultas durante administraciones anteriores y solo ahora están siendo reconocidas contablemente.
Añadió que la estrategia actual busca formalizar las relaciones contractuales con los cerca de 3.800 prestadores de servicios de salud para disminuir el uso de anticipos y mejorar el control financiero.
Consultado sobre las pérdidas correspondientes al ejercicio de 2025, Ospina indicó que todavía no existe un dato definitivo porque continúa el proceso de carga y verificación de las facturas.
“Esa es una información que no se la puedo dar plena porque todavía no tenemos totalmente cargadas las facturas del 2025”, afirmó, al señalar que espera contar con esa información en las próximas semanas.
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Según explicó, el proceso será más ágil hacia 2026 gracias al fortalecimiento de los sistemas de información y a la regularización de los contratos con la red de prestadores.
En la parte final de la entrevista, el interventor fue consultado sobre si los estados financieros demuestran que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para financiar la atención de los afiliados.
Ospina respondió que no es posible llegar a esa conclusión porque las cifras de 2023 y 2024 incorporan pasivos acumulados de años anteriores, lo que distorsiona cualquier evaluación sobre la suficiencia de la UPC.
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Además, planteó que el problema trasciende el monto de los recursos y está relacionado con el modelo actual del sistema de salud colombiano.
“Tenemos que revisar nuestro modelo de salud, tenemos que orientarlo más en atención primaria”, afirmó. También cuestionó los incentivos económicos del sistema vigente al señalar que “nunca va a haber una UPC que avance” mientras el modelo continúe privilegiando la atención de la enfermedad sobre la prevención.
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