La entidad de vigilancia tendría nuevas funciones con el fin de endurecer los controles sobre las sociedades con problemas financieros o que estén en curso de graves delitos.
La Superintendencia de Salud incrementaría su poder sobre las entidades prestadoras de salud y demás sociedades de interés privado que hacen parte del sistema.
Y es que, según el pliego de modificaciones al proyecto de reforma a la salud, esa Superintendencia, que además de inspeccionar, vigilar y controlar, ahora podría intervenir para que en casos de fraude los accionistas de las empresas y los administradores respondan solidariamente por los perjuicios causados a los usuarios y a otros actores del sistema.
Esta nueva función le permitiría a esta entidad ampliar y fortalecer sus facultades cuando esté en riesgo la salud de los usuarios e incluso para dirimir en casos de insolvencia o liquidación judicial de sociedades privadas.
Todas estas nuevas actuaciones se regirían de acuerdo con el marco legal y no reemplazaría en sus funciones a otras entidades como la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía General de la Nación.
La Supersalud ya contaba con funciones propias de un juez desde la Ley 1122 de 2007 pero solo cuando se trataba de intervenir en favor de los usuarios en temas relacionados con procedimientos médicos, el reembolso económico de servicios no prestados o para resolver otro tipo de conflictos entre los prestadores de salud y los usuarios.
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