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Tras dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, 22 organizaciones que incluyen pacientes, aseguradores, entidades prestadoras, profesionales de salud, y el sector farmacéutico, y hasta exministros consideran que el sistema de salud se ha deteriorado en Colombia.
En un documento de 12 puntos, los integrantes del Pacto por una Mejor Salud enumeran los problemas que subsisten, entre ellos, la deficiente atención, el aumento de quejas y tutelas; el bajo recaudo y el crecimiento de la cartera, sin que el gobierno haya implementado estrategias efectivas.
Aseguran que las EPS enfrentan un deterioro financiero, y el gobierno no ha cumplido con pagos atrasados ni abordado el déficit de recursos de $5,9 billones para 2024. Se estima un déficit de $3,6 billones para 2025, que podría aumentar sin un traslado presupuestal.
Y agregan que la falta de gestión efectiva y la insistencia en un proyecto de reforma fallido han agravado la crisis, sin incluir a la mayoría de los agentes del sistema en el diálogo.
Estos los puntos que deben ser revisados ad portas de que el Gobierno presente una nueva versión de la reforma a la salud.
La atención a la población sigue deteriorándose, con cierres de servicios en clínicas y hospitales, y una disminución de camas en unidades de cuidados intensivos. Las quejas de usuarios aumentaron un 17% entre 2022 y 2023, y un 11% entre 2023 y 2024. Las tutelas de salud crecieron más del 40%, y el desabastecimiento de medicamentos se agrava.
Los gremios de prestadores han expresado preocupación por el bajo recaudo y el crecimiento de la cartera. Han solicitado al gobierno nacional estrategias efectivas de liquidez, pero estas no han sido atendidas.
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Las intervenciones a EPS por la Superintendencia Nacional de Salud y las solicitudes de retiro, afectando a 34 millones de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, revelan una problemática profunda sin solución efectiva del gobierno. Estas EPS presentan un deterioro financiero creciente hasta marzo de 2024.
La desfinanciación estructural del sector salud, debido al mal cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC) y la financiación deficitaria de los presupuestos máximos, origina las dificultades del sistema. A pesar de múltiples llamados y advertencias de pacientes, usuarios, y académicos, el gobierno no ha abordado esta crisis que afecta toda la cadena de valor.
El Gobierno nacional no ha cumplido totalmente con los Autos A2881 y A2882 de 2023, en los que la Corte Constitucional ordenó ponerse al día con los pagos atrasados a las EPS por presupuestos máximos y recobros de 2021 y 2022. Además, en 2023 se acumularon nuevas deudas por presupuestos máximos a estas entidades.
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Preocupa la respuesta del viceministro general del Ministerio de Hacienda a un representante a la Cámara sobre el pago de deudas, afirmando que "la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación lo permitan". En resumen, no hay dinero suficiente para pagar la salud de los colombianos.
El Gobierno nacional no ha corregido totalmente su diagnóstico sobre el faltante de recursos de $5,9 billones de pesos para costear la UPC y los PM en 2024. Este problema fue indicado por la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés Valencia, en una carta a la presidenta de la Comisión 7ª del Senado el 20 de marzo de 2024.
Para finales de 2024, se estima un déficit de 2,3 billones de pesos por UPC, 2,7 billones por Presupuestos Máximos, y 800 mil millones por siniestros SOAT, según la tendencia de utilización de servicios de salud observada.
El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2025 muestra un déficit de cerca de $3,6 billones de pesos para el sistema de salud, considerando el crecimiento histórico de la UPC. Este déficit podría aumentar en $2,5 billones si el gobierno no realiza un traslado presupuestal de recursos necesarios para cerrar el aseguramiento en salud de 2024.
La falta de gestión efectiva del gobierno para solucionar el retroceso del sistema de salud ha generado incertidumbre en el sector. La insistencia en presentar nuevamente el proyecto de reforma a la salud archivado en abril ha exacerbado la situación. Los borradores del nuevo proyecto, similares al de la legislatura pasada, no han sido discutidos ni analizados con la mayoría de los agentes del sistema.
El proyecto de reforma a la salud no abordaba los retos del sistema ni beneficiaba a usuarios y pacientes. Se enfocaba en modificar funciones de entidades y eliminar la protección individual del aseguramiento en salud, así como otros avances adquiridos por la población colombiana en el ejercicio del derecho a la salud.
La mayoría de los miembros del Pacto no han participado en conversaciones con el gobierno sobre las propuestas. El gobierno ha mantenido una estrategia segmentada de diálogo con actores seleccionados, y la invitación a un acuerdo nacional parece ser un sofisma distractor, en lugar de una verdadera inclusión democrática. El gobierno parece más enfocado en beneficios políticos que en una evolución social en salud.
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