Denis Silva, vocero de la asociación Pacientes de Colombia y quien asistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación del sistema de salud en Colombia, en Mañanas Blu, arremetió contra el nuevo decreto del Ministerio de Salud que obliga al traslado masivo de millones de afiliados. Según Silva, esta medida no solo vulnera derechos fundamentales, sino que representa un intento de estatizar el sistema de salud por vía administrativa.
Violación a la libre elección y riesgos para la vida
El decreto estipula el traslado obligatorio de aproximadamente 6,6 millones de personas, de las cuales el 80% serán asignadas a tres EPS intervenidas por el Estado: Nueva EPS, SOS Comfandi y Savia Salud. Silva comparó la naturaleza de estos traslados con eventos históricos de encierro y eliminación, señalando que los usuarios están siendo tratados como mercancía económica (la UPC) y no como seres humanos.
Uno de los puntos más críticos es la pérdida del derecho a la libre elección. Silva citó el ejemplo de afiliados de SURA en ciudades como Armenia o Pereira que, a pesar de estar satisfechos con su servicio, serán obligados a pasar a la Nueva EPS, una entidad que, según el vocero, carece de red suficiente, tiene una crisis económica "espantosa" y no posee la capacidad administrativa para atender a los más de 11 millones de usuarios que ya tiene.
Además, denunció que la norma rompe la unidad del grupo familiar, trasladando solo al cotizante y dejando al resto en el limbo.
Intereses electorales tras el manejo de recursos
Para el vocero de los pacientes, la lógica detrás de este movimiento es netamente electoral. Silva explicó que los pacientes quedarán "secuestrados" por 60 días en la EPS asignada antes de poder intentar un nuevo traslado.
Durante ese periodo, las EPS intervenidas por el Gobierno recibirán un flujo masivo de recursos para garantizar tratamientos de corto plazo, lo que podría usarse para mejorar artificialmente la percepción del sistema de cara a las próximas elecciones. Una vez pasado ese tiempo y cuando los usuarios comiencen a migrar, el sistema regresaría a la crisis actual.
Hacia un monopolio estatal de la salud
La preocupación central de Pacientes de Colombia es que el Gobierno busca eliminar la competencia para que solo queden EPS de corte oficialista. Silva señaló que, con la entrada en vigencia del decreto, el Estado pasaría a manejar de manera directa entre el 66% y el 67% del sistema de salud.
Esto se ve reforzado por el hecho de que la Nueva EPS es la única que cumple el criterio de concentrar más del 20% de afiliados, lo que le permite mantenerse en territorios donde otras serán expulsadas.
Escuche aquí la entrevista:
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