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Aunque tradicionalmente fue visto como una falta aduanera menor, el contrabando de cigarrillos se ha convertido en uno de los motores financieros más potentes del crimen organizado en Colombia. Lejos de ser una actividad aislada, el contrabando de cigarrillos opera como una estructura compleja que involucra redes internacionales de tráfico, corrupción institucional y participación activa de grupos armados ilegales. Estas organizaciones aprovechan las rutas porosas del país, especialmente en zonas fronterizas como La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, donde actores como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC e incluso bandas extranjeras como el Tren de Aragua han encontrado un terreno fértil para operar.
Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 2018 y 2022, cerca del 10% de las importaciones registradas en Colombia fueron productos de contrabando, generando pérdidas fiscales que superan el billón de pesos anuales. En el caso específico de los cigarrillos, la más reciente encuesta de Invamer revela que el 36% de los cigarrillos vendidos en el país durante 2024 eran ilegales, lo que significó una pérdida de más de un billón de pesos para los departamentos que dependen del impuesto al tabaco.
La magnitud del negocio es alarmante. Se estima que las organizaciones criminales que participan en el contrabando de cigarrillos perciben ingresos anuales cercanos a los 250 millones de dólares, con márgenes de ganancia que pueden alcanzar hasta el 700%. Esta rentabilidad ha convertido a este mercado ilegal en una alternativa tan lucrativa como el narcotráfico.
Los productos ingresan al país principalmente desde Uruguay (10,1%), Estados Unidos (8,5%) y Corea del Sur (4,9%). Una vez en Colombia, los cigarrillos suelen transitar por el Caribe y Centroamérica, haciendo escala en puertos como Turbo, Cartagena, Puerto Nuevo y Buenaventura. Desde estos puntos, se distribuyen hacia centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cúcuta, o incluso son reexportados hacia Ecuador por rutas como la de Ipiales.
Pese a los esfuerzos de las autoridades, como los operativos realizados por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), que reportó la incautación de más de 5,8 millones de cajetillas ilegales entre enero y junio de 2025, el contrabando continúa siendo una actividad altamente rentable y difícil de erradicar. Esto ha motivado llamados a fortalecer la cooperación interinstitucional, ajustar el marco sancionatorio y mejorar la capacidad de control en puertos y fronteras.
El impacto no se limita al ámbito económico. La disputa por el control de las rutas de contrabando ha incrementado la violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado. Además, el ingreso de productos sin controles sanitarios pone en peligro la salud de los consumidores, al tratarse de artículos potencialmente adulterados o de baja calidad. El contrabando de cigarrillos, por tanto, no es solo un problema tributario: es un fenómeno criminal que requiere atención urgente desde múltiples frentes del Estado.
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