En la Unidad Nacional de Protección reposa una demanda interpuesta por Norlis Herrera Valdez, una madre comunitaria de San Onofre, Sucre, que desde el pasado 16 de julio
manifestó recibir amenazas de muerte.
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Desde entonces, esta mujer denuncia supuestos hostigamientos y acosos por partes del ICBF, quienes le informaron que, a pesar de prestar sus servicios durante más de 16 años a la institución, no podía continuar vinculada a elladebido a que su situación constituye un peligro para los menores.
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Herrera Valdez pide apoyo al Gobierno Nacional asegurando que, de sus ingresos, dependen económicamente dos familias: sus padres y tres hijos. Además, aseguró que la situación ya fue puesta en conocimiento ante Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
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