La normativa concede al Tribunal Constitucional (TC) ruso la prerrogativa de determinar si deben cumplirse o no las sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
La nueva ley señala que a la hora de decidir sobre el cumplimiento de este tipo de sentencias el TC debe guiarse por el principio de la primacía de la Constitución de Rusia.
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De acuerdo con su texto, en caso de una sentencia contra Rusia el Ejecutivo podrá solicitar al TC que se pronuncie sobre si ésta se ajusta a la Constitución rusa.
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Si el dictamen del TC declara inconstitucional la sentencia, las autoridades rusas se verán liberadas de la obligación de cumplirla.
Rusia firmó en 1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció por extensión la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, comprometiéndose a cumplir con todas sus decisiones.
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