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La italiana Cecilia Marogna, imputada en un juicio en el Vaticano por irregularidades financieras, medió entre la Santa Sede y una agencia de inteligencia para liberar a la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez tras cuatro años cautiva en Mali, confesó hoy el cardenal Angelo Becciu, otro de los acusados.
El purpurado, a quien el papa retiró sus derechos cardenalicios en septiembre de 2020 al destaparse las irregularidades, habló en sede judicial por primera vez sobre el papel de esta mujer, después de que el pontífice le eximiera de acatar el secreto pontificio, que vela los temas más delicados.
Becciu respondió a todas las acusaciones en una declaración ante el Tribunal del Estado Vaticano y reveló la relación con Marogna, a la que se acusa de gastar en lujos el dinero vaticano que recibía por supuestas labores de asesoría geopolítica.
La "dama del cardenal", como se la conoce, sirvió de intermediaria entre la Santa Sede y la empresa de inteligencia británica Inkerman en los trámites para liberar a la religiosa en Mali, con el objetivo de que no se vinculara al Vaticano con esa compañía, explicó Becciu.
Sor Gloria Cecilia había sido raptada en Mali el 7 de febrero de 2017 y Becciu propuso al papa acudir a esta empresa de inteligencia, propuesta por Marogna, para liberarla, y el pontífice aceptó. La monja fue finalmente puesta en libertad el 10 de octubre de 2021.
La operación, según acordó Becciu, entonces número dos de la Secretaría de Estado Vaticana (2011-2018), con Inkerman, rondaría el millón de euros y Marogna solo sería "compensada" si tenía éxito (como ocurrió), unos términos también aprobados por Francisco.
El cardenal lamentó en su declaración las informaciones y rumores que se han vertido sobre su relación con Marogna, "lesivas" también para su "dignidad sacerdotal".
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Este juicio busca aclarar algunas irregularidades en la gestión de los fondos de la secretaria de Estado, sobre todo la compraventa por parte del Vaticano de un exclusivo edificio en el centro de Londres que acabó generando pérdidas por 227 millones.
Becciu negó que para la compraventa del edificio se emplearan el dinero del Óbolo de San Pedro, que recoge las ofrendas de los fieles para obras de caridad, ya que los 45 o 50 millones que recibe cada año ya se destinaban a otras partidas.
Se gastaron fondos reservados de la Secretaría de Estado y porque su Oficina Administrativa creía que la operación sería fructífera.
En este sentido, el cardenal confesó que evitó el suicidio del responsable hasta 2019 de esa Oficina, monseñor Alberto Perlasca, en un principio investigado pero luego eximido.
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Becciu, como ya hiciera antes, negó toda negligencia en el envío de 125.000 euros a la Cooperativa Spes en Cerdeña, gestionada por su hermano Tonino, a pesar de que esta presunta malversación le valió el cardenalato y el cargo de prefecto para la Causa de los Santos.
El papa, en una audiencia el 24 de septiembre de 2020, le dijo, a su parecer "titubeante": "Hay un problema, estás acusado de peculado (malversación)", a lo que Becciu respondió que le parecía "absurdo".
El cardenal aseguró su total lealtad al pontífice y defendió que siembre buscó beneficiar a la Santa Sede por encima de intereses personales, hasta el punto de rechazar una inversión en un yacimiento mineral en Angola, que le había recomendado un conocido de cuando fue nuncio en ese país africano (2001-2009).
El presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, fijó las próximas audiencias para los 18, 19 y 20 de mayo y seguirán otras nueve hasta el 8 de julio, lo que demuestra el interés de cerrar lo antes posible este caso.
Los acusados son diez: además de Becciu y Marogna, el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.
También monseñor Mauro Carlino, exsecretario del purpurado; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.
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