La Fiscalía y la acusación particular han solicitado una pena de 12 años de cárcel para cada una de las siete monjas cismáticas de Belorado. Las procesadas, exintegrantes de la orden de las clarisas, enfrentan acusaciones por cinco delitos distintos en el marco del proceso judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Según informó El País, los cargos imputados a las religiosas incluyen coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro y delitos contra el patrimonio. Este proceso judicial surge tras la ruptura definitiva del grupo con la jerarquía eclesiástica, una situación que ha mantenido en tensión a la Iglesia católica en los últimos meses.
La situación de las religiosas de Belorado se enmarca en un contexto de mayor turbulencia dentro del tradicionalismo católico a nivel global. El mismo día en que se hizo pública la petición de la Fiscalía, un grupo disidente internacional, vinculado a corrientes ultraconservadoras, desafió directamente al papa León XIV al consagrar a cuatro obispos sin autorización vaticana.
De acuerdo con lo reportado por Associated Press desde Écône, Suiza, este grupo disidente restó importancia a las consecuencias canónicas, argumentando que sus acciones —que incluyen la reivindicación de la misa en latín y el rito con el sacerdote de espaldas a los fieles— representan un “deber sagrado” para preservar la fe católica frente a lo que consideran una traición del Vaticano.
Por su parte, El País destaca que el grupo vinculado a estos movimientos tradicionalistas sostiene que cualquier censura o castigo impuesto por la autoridad eclesiástica “carece de valor”. Estas acciones han culminado en la excomunión automática de los implicados, exacerbando la división interna.
El caso de las monjas de Belorado representa uno de los puntos de mayor fricción jurídica y religiosa en el actual panorama del catolicismo. Mientras las siete procesadas enfrentan el proceso penal por la presunta comisión de delitos que trascienden el ámbito eclesiástico para adentrarse en el Código Penal español, el cisma dentro de la institución continúa profundizándose.
Las autoridades judiciales deberán determinar ahora la responsabilidad penal de las acusadas tras la serie de incidentes ocurridos desde su distanciamiento de la autoridad del obispado y su posterior autogestión del patrimonio conventual. El proceso se mantiene abierto en Bilbao, a la espera de las próximas fases de la instrucción.
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