Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.
Una dolorosa historia de ausencia que se prolongó por más de dos décadas llegó a su etapa de cierre, luego de que las autoridades humanitarias confirmaran la identificación y entrega de los restos de un joven que había desaparecido en el año 2004 tras viajar a Medellín.El caso se remonta al domingo 8 de agosto de 2004, cuando Giovanni Gutiérrez Peña, de 20 años, salió de su vivienda en San Pedro de los Milagros rumbo a la capital antioqueña para presenciar el tradicional Desfile de Silleteros, momento desde el cual su familia perdió todo rastro.Según relató su hermana Nancy, doña Magnolia Gutiérrez, su madre, dedicó el resto de sus días a buscarlo incansablemente por las calles, enfrentando la constante angustia de no saber el paradero del joven, quien padecía problemas de adicción y salud mental."Mi mamá empezó a buscarlo con dos señores, se llama Leonel Gallego y el difunto Arcesio Ríos, el dueño de la funeraria asunción. Ya después no, en ese tiempecito no lo encontraron. Ya después se fue mi exesposo, y también lo buscaron con mi mamá y no lo encontraron", relató.Años atrás, un familiar había reconocido su fotografía en televisión tras su hallazgo sin vida en el municipio de Santuario, pero debido al deterioro en la salud de su madre, quien falleció en 2010 sin poder sepultarlo, el proceso institucional quedó inconcluso.La respuesta definitiva llegó recientemente para su hermana Nancy, gracias a las labores del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el cuerpo de Giovanni había sido recuperado el 13 de octubre de 2025 en el cementerio municipal de Rionegro, donde se adelantan intervenciones en bóvedas con restos no identificados."Me siento tranquila porque ya lo encontraron, ya le di cristiana sepultura, ya está en un lugar más tranquilo, donde yo pueda visitarlo", manifestó Nancy.Tras un riguroso análisis forense y la solicitud oportuna de la familia, los investigadores lograron cruzar los datos para dar con su plena identidad, un proceso catalogado por el enlace de víctimas municipal, Javier Garcés, como un logro significativo para la región."La facilidad con que se dio la entrega de esta primera persona en tan poquito tiempo es un significado bastante grande. Para mí, primero, como enlace de víctimas del municipio, y segundo, para conocimiento de la misma población", señaló.El pasado 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de entrega digna en San Pedro de los Milagros, permitiendo que los seres queridos de Giovanni le dieran el último adiós después de 22 años de incertidumbre.Las cifras oficiales recuerdan la magnitud de esta problemática en el país, donde el universo de falsos positivos en el municipio de San Pedro de los Milagros es de 1.092, mientras que en el departamento el registro asciende a 27.613 y en Colombia a 137.000.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Después de 19 años de incertidumbre y dolor, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega digna realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.Los dos hombres, quienes se desempeñaban como vendedores y vivían en Bucaramanga, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en el municipio de Tona y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate por la Quinta Brigada del Ejército. De acuerdo con los hallazgos conocidos durante las investigaciones y los aportes de verdad entregados ante la JEP por comparecientes, Diomedes y Luis Alexander no eran guerrilleros. Ambos habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo, trasladados hasta la zona y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron además vestidos con prendas militares para hacerlos pasar como bajas en combate.La información aportada ante la JEP permitió reconstruir los hechos y avanzar en la identificación y recuperación de los cuerpos, cerrando un ciclo de casi dos décadas de búsqueda para sus familias.La entrega digna se convirtió en un momento especialmente significativo para los allegados de las víctimas, quienes durante 19 años tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y el peso de una versión que los señalaba injustamente como integrantes de grupos armados.Sara Angarita Toro, madre de Luis Alexander Cáceres Angarita, expresó durante el acto: “Hijo mío, te fuiste demasiado pronto, pero el amor que sembraste en mi corazón permanecerá en mis recuerdos para siempre”. También manifestó su agradecimiento porque ahora podrá contar con un lugar para visitarlo y honrar su memoria.Por su parte, Gladys Otilia Otero Carreño, pareja sentimental de Diomedes de Jesús Daza Williams, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la entrega representa una forma de recuperar la tranquilidad después de tantos años.El caso se enmarca en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por integrantes de la Fuerza Pública como personas muertas legítimamente en combate.La JEP ha documentado patrones de este tipo de crímenes y ha escuchado los aportes de comparecientes que han reconocido responsabilidades. En este caso, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos, según la información entregada por la jurisdicción."Para las familias de Diomedes y Luis Alexander, la recuperación y entrega de sus cuerpos no solo permitió despedirlos después de 19 años, sino también recuperar sus nombres y dignidad frente a una versión que los presentó injustamente como combatientes", dijo Manue Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander. La entrega digna representa así un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los ‘falsos positivos’ en Santander.
La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
Las autoridades arrestaron a un ciudadano colombiano acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.El sospechoso, identificado como Jonathan Christian González Reyes, "ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens", informó el fiscal federal de este distrito, Reding Quiñones, en la red social X. "El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo", agregó el funcionario.De acuerdo con la Fiscalía, el acusado amenazó con colocar sustancias ilícitas en el negocio para provocar su clausura y apuntó con un arma de fuego al hijo de la víctima. Al no lograr que cedieran a sus demandas, huyó del lugar tras activar una sirena policial en su automóvil.González Reyes enfrenta hasta tres años de prisión por un cargo de suplantación de identidad de un funcionario de los Estados Unidos.Quiñones explicó que hacerse pasar por un oficial federal "para intimidar o explotar a otros es un delito federal", y advirtió de consecuencias similares para aquellos "que abusen de la autoridad y la reputación de las fuerzas del orden para beneficio personal"
Cambiar de colegio implica revisar aspectos que van más allá del calendario académico. Las familias suelen analizar la calidad educativa, el nivel de inglés, las metodologías de enseñanza, el bienestar del estudiante y las oportunidades que puede tener a lo largo de su formación.En Colombia existen dos calendarios escolares. El calendario A inicia usualmente entre enero y febrero y termina hacia noviembre, mientras que el calendario B comienza en agosto o septiembre y finaliza alrededor de junio. Esta diferencia puede ser relevante para las familias que buscan una educación bilingüe o con orientación internacional para sus hijos.Por lo tanto, para quienes están buscando pasar del calendario A al B, septiembre y octubre pueden ser un momento para conocer instituciones, revisar las condiciones de ingreso y analizar si el cambio se ajusta al proceso académico del estudiante.¿Por qué septiembre y octubre son meses recomendados para cambiar de colegio?Luisa Fernanda Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena, explica que el calendario escolar no determina por sí mismo la calidad que puede tener una institución. Sin embargo, puede ser un factor para las familias que buscan programas bilingües, internacionales y opciones de movilidad académica.“El calendario por sí solo no hace que un colegio sea mejor que otro. Lo importante es entender qué propuesta educativa existe detrás y qué oportunidades abre para el estudiante”, señala la directiva.El calendario B coincide con los ciclos académicos de diferentes sistemas educativos internacionales y es utilizado por colegios privados bilingües e internacionales en Colombia. Esta coincidencia puede facilitar procesos de traslado de familias que contemplan vivir en otra ciudad o país, así como intercambios académicos.¿Qué debe revisar antes de pasar del calendario A al B?El cambio requiere analizar el grado que cursa el estudiante, los contenidos desarrollados y las posibles diferencias entre los modelos educativos. En instituciones bilingües también es necesario conocer el nivel de inglés con el que llega el estudiante.La transición debe hacerse de manera individual, identificando posibles diferencias académicas y los apoyos que pueda requerir el estudiante para adaptarse al nuevo ciclo. También está el componente socioemocional, pues el cambio implica integrarse a nuevos compañeros, docentes, metodologías y, especialmente, rutinas.Por eso, antes de elegir, las familias pueden preguntar qué nivel de inglés alcanzan los estudiantes, cómo se mide, qué porcentaje de la formación se desarrolla en ese idioma, qué certificaciones internacionales ofrece el colegio y cuáles son sus posibilidades de intercambio.¿Qué ventajas tiene evaluar el cambio de colegio con anticipación?Septiembre y octubre permiten conocer opciones de calendario B mientras estas instituciones desarrollan su nuevo año académico. Esto da margen para consultar las condiciones de ingreso, revisar equivalencias académicas y establecer un posible cronograma de transición.“Septiembre y octubre son un buen momento para conocer opciones, hacer preguntas y entender cómo sería una eventual transición”, afirma Guzmán.La decisión, sin embargo, no debería centrarse únicamente en cambiar las fechas del año escolar. También debe considerar la propuesta educativa, el acompañamiento durante el proceso y las necesidades académicas y personales del estudiante.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su amplia cobertura en ciudades y municipios del país, junto con un atractivo plan de premios, lo convierten en una de las modalidades de chance más populares para quienes desean conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 22 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 22 de septiembre de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
El avance de las llamas en el departamento de Boyacá mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro. Las emergencias avanzan hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y el municipio de Chíquiza, afectando áreas de bosque nativo primario y comunidades campesinas de la región.En entrevista con Mañanas Blu, Javier de la Cuadra, rescatista y voluntario en la zona de las conflagraciones, cuestionó la oportunidad con la que las autoridades reaccionaron para atender el fuego que se originó cerca del casco urbano de Villa de Leyva."No hubo acción rápida. Ya cual sea la causa, no hubo acción rápida", afirmó De la Cuadra, quien agregó que si el apoyo de helicópteros hubiese llegado entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. de ese mismo día, la situación actual sería "mucho menos complicada".El rescatista comparó la atención de este desastre con otros eventos del país. "Lo mismo pasó en el Tolima, la acción rápida aérea fue muy lenta", sostuvo. Según su relato, los helicópteros arribaron a la zona el domingo, cuando el fuego ya se había propagado hacia la parte alta de la montaña.Sobre el estado actual de los frentes de fuego, De la Cuadra advirtió que dos focos de gran magnitud amenazan con unirse en las cumbres. Mientras uno avanza por el municipio de Chíquiza, el otro impacta de forma directa el Santuario de Iguaque, un ecosistema estratégico de bosque nativo.El voluntario explicó que la situación operacional es difícil por las condiciones topográficas del terreno, las cuales complican las labores del personal en tierra. "Ayer un bombero quedó atrapado, tocó rescatarlo. Es una zona de riesgo", detalló el socorrista.A estas dificultades geográficas se suman las condiciones meteorológicas del sector, caracterizadas por fuertes ráfagas. En la plaza central de Villa de Leyva se registra caída permanente de ceniza y se divisa la columna de humo en la montaña. "En la medida que va entrando el día, y sobre todo al atardecer, 3, 4 de la tarde, el viento pues ya hace lo suyo", señaló.Frente a la respuesta del Estado, De la Cuadra hizo un llamado directo al Gobierno nacional para fortalecer la capacidad logística en esta clase de emergencias forestales mediante más unidades aéreas o cooperación internacional."Se necesitan más, en este momento se necesita más fuerza aérea disponible con capacidad de apagar incendios", concluyó. De igual forma, resaltó que "en los incendios forestales los primeros que trabajan siempre son los campesinos", por lo que valoró la articulación comunitaria que se ha generado para intentar contener la conflagración.
Independiente Santa Fe atraviesa horas de incertidumbre antes de disputar la final de la Liga Femenina contra Deportivo Cali, luego de que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no fuera habilitado para el partido de ida.El encuentro está programado para este miércoles 23 de septiembre y el club bogotano cuestionó públicamente la manera en que se ha manejado la disponibilidad del escenario, que históricamente ha sido su casa.En un comunicado publicado este martes, Santa Fe manifestó su preocupación por la programación de El Campín y señaló que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá no deberían ser considerados una actividad secundaria dentro de la agenda del estadio.La institución reconoció que se trata de un escenario multipropósito y que respeta la realización de conciertos y otros eventos. Sin embargo, puso el foco en la planeación de las actividades cuando estas coinciden con compromisos deportivos previamente establecidos.¿Por qué Santa Fe cuestiona la disponibilidad de El Campín?De acuerdo con el comunicado, el marco contractual establece que el concesionario debe realizar su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, cuando existe un conflicto de fechas, revisar los calendarios de DIMAYOR y CONMEBOL, además de notificar oportunamente al club y coordinar las alternativas.Santa Fe sostuvo que esa obligación no se cumplió de manera adecuada, pues aseguró que no recibió oportunamente la comunicación necesaria para gestionar la situación con anticipación.El club también señaló que, desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina, era altamente probable que uno de los equipos de Bogotá llegara a la final. Esa posibilidad aumentó cuando se confirmó la semifinal entre Santa Fe y Millonarios.Por ello, la institución consideró que resultaba difícil de prever que solo hasta el 21 de septiembre se informara sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarían en la cancha de El Campín.¿Dónde jugaría Santa Fe la final ante Deportivo Cali?La sede del partido de ida todavía estaba pendiente de confirmación en el momento de la comunicación del club.El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había explicado en entrevista con Win Sports que el equipo analizaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Tunja, debido a que no contaba con El Campín.“Muy seguramente nos iremos para Tunja a jugarla, no tenemos estadio”, dijo Méndez, al explicar que el club adelantaba los trámites para conseguir la habilitación del escenario.El IDRD, por su parte, informó que el estadio de Techo está disponible para recibir la final femenina.