Seis jóvenes de Soacha asesinados en el Catatumbo y presentados falsamente como bajas en combate ya cuentan con un lugar de sepultura permanente para sus restos. Así lo informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acompañó a sus familias en este proceso, en el marco del subcaso Norte de Santander del Caso 03, sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.Las víctimas son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez. Todos ellos son jóvenes que fueron engañados y trasladados a Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como bajas en combate, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.El proceso buscó aliviar las dificultades económicas y administrativas que enfrentaban sus familias para mantener los restos en cementerios públicos y privados. Algunas incluso tenían deudas pendientes por los servicios funerarios. Para atender esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregó los certificados de asignación de las bóvedas y se gestionó el pago de obligaciones pendientes con los cementerios y otros gastos funerarios.“Muy agradecida por haber hecho posible la recuperación de los restos de mi hijo”, dijo Gloria Astrid Peláez Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez. La mujer también pidió que la ayuda llegue a otras familias que aún no han podido adelantar los trámites. “Hay mamitas que ni siquiera han empezado a hacer el proceso y necesitan mucho”, afirmó Peláez.La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que el proceso comenzó a mediados de 2024 y requirió la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales. El trabajo incluyó reuniones con las familias, visitas a cementerios y revisión de documentos.“Es nuestro trabajo hacer que el resto de la sociedad también lo sepa: a Colombia le hacen falta sus hijos”, afirmó la magistrada durante el acto de dignificación de las víctimas.La gestión continúa para que las familias de otros tres jóvenes de Soacha víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: Jaime Castillo Peña, Diego Armando Marín y Yonny Duvián Soto Muñoz. Se espera que para ellos también se pueda garantizar una sepultura digna y permanente para sus seres queridos.
Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.
Una dolorosa historia de ausencia que se prolongó por más de dos décadas llegó a su etapa de cierre, luego de que las autoridades humanitarias confirmaran la identificación y entrega de los restos de un joven que había desaparecido en el año 2004 tras viajar a Medellín.El caso se remonta al domingo 8 de agosto de 2004, cuando Giovanni Gutiérrez Peña, de 20 años, salió de su vivienda en San Pedro de los Milagros rumbo a la capital antioqueña para presenciar el tradicional Desfile de Silleteros, momento desde el cual su familia perdió todo rastro.Según relató su hermana Nancy, doña Magnolia Gutiérrez, su madre, dedicó el resto de sus días a buscarlo incansablemente por las calles, enfrentando la constante angustia de no saber el paradero del joven, quien padecía problemas de adicción y salud mental."Mi mamá empezó a buscarlo con dos señores, se llama Leonel Gallego y el difunto Arcesio Ríos, el dueño de la funeraria asunción. Ya después no, en ese tiempecito no lo encontraron. Ya después se fue mi exesposo, y también lo buscaron con mi mamá y no lo encontraron", relató.Años atrás, un familiar había reconocido su fotografía en televisión tras su hallazgo sin vida en el municipio de Santuario, pero debido al deterioro en la salud de su madre, quien falleció en 2010 sin poder sepultarlo, el proceso institucional quedó inconcluso.La respuesta definitiva llegó recientemente para su hermana Nancy, gracias a las labores del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el cuerpo de Giovanni había sido recuperado el 13 de octubre de 2025 en el cementerio municipal de Rionegro, donde se adelantan intervenciones en bóvedas con restos no identificados."Me siento tranquila porque ya lo encontraron, ya le di cristiana sepultura, ya está en un lugar más tranquilo, donde yo pueda visitarlo", manifestó Nancy.Tras un riguroso análisis forense y la solicitud oportuna de la familia, los investigadores lograron cruzar los datos para dar con su plena identidad, un proceso catalogado por el enlace de víctimas municipal, Javier Garcés, como un logro significativo para la región."La facilidad con que se dio la entrega de esta primera persona en tan poquito tiempo es un significado bastante grande. Para mí, primero, como enlace de víctimas del municipio, y segundo, para conocimiento de la misma población", señaló.El pasado 24 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de entrega digna en San Pedro de los Milagros, permitiendo que los seres queridos de Giovanni le dieran el último adiós después de 22 años de incertidumbre.Las cifras oficiales recuerdan la magnitud de esta problemática en el país, donde el universo de falsos positivos en el municipio de San Pedro de los Milagros es de 1.092, mientras que en el departamento el registro asciende a 27.613 y en Colombia a 137.000.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Después de 19 años de incertidumbre y dolor, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega digna realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.Los dos hombres, quienes se desempeñaban como vendedores y vivían en Bucaramanga, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en el municipio de Tona y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate por la Quinta Brigada del Ejército. De acuerdo con los hallazgos conocidos durante las investigaciones y los aportes de verdad entregados ante la JEP por comparecientes, Diomedes y Luis Alexander no eran guerrilleros. Ambos habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo, trasladados hasta la zona y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron además vestidos con prendas militares para hacerlos pasar como bajas en combate.La información aportada ante la JEP permitió reconstruir los hechos y avanzar en la identificación y recuperación de los cuerpos, cerrando un ciclo de casi dos décadas de búsqueda para sus familias.La entrega digna se convirtió en un momento especialmente significativo para los allegados de las víctimas, quienes durante 19 años tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y el peso de una versión que los señalaba injustamente como integrantes de grupos armados.Sara Angarita Toro, madre de Luis Alexander Cáceres Angarita, expresó durante el acto: “Hijo mío, te fuiste demasiado pronto, pero el amor que sembraste en mi corazón permanecerá en mis recuerdos para siempre”. También manifestó su agradecimiento porque ahora podrá contar con un lugar para visitarlo y honrar su memoria.Por su parte, Gladys Otilia Otero Carreño, pareja sentimental de Diomedes de Jesús Daza Williams, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la entrega representa una forma de recuperar la tranquilidad después de tantos años.El caso se enmarca en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por integrantes de la Fuerza Pública como personas muertas legítimamente en combate.La JEP ha documentado patrones de este tipo de crímenes y ha escuchado los aportes de comparecientes que han reconocido responsabilidades. En este caso, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos, según la información entregada por la jurisdicción."Para las familias de Diomedes y Luis Alexander, la recuperación y entrega de sus cuerpos no solo permitió despedirlos después de 19 años, sino también recuperar sus nombres y dignidad frente a una versión que los presentó injustamente como combatientes", dijo Manue Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander. La entrega digna representa así un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los ‘falsos positivos’ en Santander.
La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
Colombia ya registra 97.894 casos de dengue acumulados, según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 43. De ese total, 59.472 corresponden a personas que no presentan signos de alarma, 37.443 sí presentan estas señales y 979 han desarrollado dengue grave.La situación también genera preocupación por las muertes asociadas a la enfermedad. A la fecha, se han notificado 245 fallecimientos probables, de los cuales 65 fueron confirmados, 135 descartados y 45 continúan bajo investigación.Meta encabeza la lista de territorios con más contagios, con 14.131 casos, seguido de Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094. Además, el Instituto Nacional de Salud identificó un aumento superior al 30 % de los contagios en 25 entidades territoriales, entre ellas Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre.Ante este panorama, Silvana Zapata, integrante de la Asociación Colombiana de Epidemiología, hizo un llamado a fortalecer la vigilancia de la enfermedad y a trabajar desde los hogares para evitar la reproducción del mosquito transmisor. La experta recomendó mantener tapados los depósitos de agua, lavar los recipientes, limpiar canaletas y desagües, y eliminar cualquier elemento que pueda acumular agua, incluidos floreros y bebederos de mascotas.La especialista resumió estas medidas en cuatro acciones: lavar, tapar, voltear y eliminar los posibles criaderos. También recomendó utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas y proteger puertas y ventanas con mosquiteros.Por su parte, Mauricio Bernal, asesor médico de vacunas de Takeda Colombia, advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alarma, especialmente cuando la fiebre comienza a desaparecer, pues esto no significa necesariamente que la persona esté fuera de peligro.Entre las señales que requieren atención médica inmediata están el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, los sangrados, la somnolencia excesiva, la irritabilidad y las dificultades para respirar. También recomendó mantener una buena hidratación y evitar la automedicación. Según explicó, para controlar la fiebre y el dolor se debe preferir el acetaminofén y evitar medicamentos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico, que pueden empeorar el cuadro.Los expertos coinciden en que la prevención del dengue requiere acciones conjuntas entre las autoridades sanitarias y la ciudadanía, especialmente en los departamentos donde se concentra el mayor número de contagios.
El Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos de la región Caribe. El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta y permite participar con números de una a cuatro cifras.Resultado del Caribeña Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 6 de noviembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Caribeña Día?El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.Los participantes pueden consultar el número ganador y comparar la información con los datos registrados en sus respectivos tiquetes.¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades para realizar las apuestas:4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.2 cifras o pata: se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?El valor mínimo para jugar el Caribeña Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.El participante puede escoger la modalidad de apuesta y establecer el monto que desea jugar dentro de los valores establecidos.¿Cómo reclamar premios del Caribeña Día?Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.Documentación básica:Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Documento de identidad original.Copia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.
El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los apostadores pueden verificar los resultados oficiales.Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026El número ganador del chance Sinuano Día para este viernes 6 de noviembre de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si resultaron favorecidos.Cómo jugar el chance Sinuano DíaEl Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos niveles de riesgo y estrategias de juego. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.Entre las modalidades más populares se encuentran:4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas opciones permiten que cada jugador elija entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.Requisitos para reclamar un premio del Sinuano DíaEl proceso para cobrar premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de chance más utilizadas por los apostadores en Colombia.
El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, habló sobre la renovación por un año más del mandato de este organismo internacional, una decisión que, según aseguró, representa una muestra de confianza en la institución y ratifica el acompañamiento de la comunidad internacional a la construcción de paz en el país.La posición de Miroslav Jenča frente a las declaraciones del embajador Mauricio GaonaDurante su intervención, el jefe de la Misión de Verificación se refirió al pronunciamiento que realizó el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, durante la sesión del Consejo de Seguridad en la que señaló que “el acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”.“Yo tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces, y existe la mejor disposición de trabajar conjunto. Este, decididamente, es mi deseo. El embajador ha expresado la opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó, tal como respeto las posiciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La misión de verificación tiene la obligación de cumplir el mandato que emana del Consejo de Seguridad”, manifestó.En ese sentido, insistió en que la Misión tiene la obligación de cumplir las funciones establecidas por este organismo internacional, en el que participan los gobiernos de los países miembros.“En desarrollo de nuestra labor, somos imparciales, como lo demanda la Carta de las Naciones Unidas. Debemos honrar este principio. Entendemos que en el país hay polarización profunda y que en este marco existen diversas y también contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz. Desde la misión pueden contar con que trabajaremos de la mano del gobierno, todas las instituciones del estado, los y las firmantes de paz, las víctimas, las comunidades, para acompañar los esfuerzos de construcción de paz”, agregó.Jenča considera que el proceso de paz ha sido un éxitoOtro de los puntos abordados por el jefe de la Misión fue su valoración sobre los resultados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC.Jenča sostuvo que, al evaluar los compromisos alcanzados, existen resultados que considera exitosos.“Dejación de armas, monitoreo de cese al fuego, retiro de los miembros de las FARC-EP desde los territorios bajo su control, se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito”, afirmó.Según explicó, actualmente más de 11.000 firmantes permanecen vinculados al proceso de paz, lo que representa más del 85 % de quienes suscribieron el acuerdo en 2016.“El hecho de que en el proceso de paz continúen más de 85% de los firmantes, es un éxito. Y nosotros queremos ver este éxito continuar”, sostuvo.Sin embargo, Jenča reconoció que la situación de seguridad del país presenta desafíos, especialmente por el crecimiento de otros grupos armadas ilegales.La relación con el Gobierno y los nuevos nombramientosEl jefe de la Misión también aseguró que desde el inicio de la administración del presidente Abelardo De La Espriella se han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno nacional para abordar la continuidad del trabajo de Naciones Unidas en Colombia.Según relató, incluso antes de la posesión presidencial mantuvo reuniones con Omar Bula, cuando este había sido designado ministro de Relaciones Exteriores.“Hemos tenido muy buena discusión con el gobierno, hemos encontrado entendimiento para la implementación del acuerdo de paz en los espacios que nos dio el consejo de seguridad”, manifestó.También se refirió a los recientes nombramientos de la consejera comisionada de Paz y de la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.“Yo no tengo la costumbre de pasar mensajes a gobierno, a los representantes del gobierno nuevos, en este caso, nuevas, mediante la prensa o la radio, los medios de comunicación masiva”, aseguró.El funcionario también se refirió al papel de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y mencionó la reciente aprobación de la Ley de Sometimiento, al señalar que “el tema de reincorporación va a llegar, pues, a la mesa más temprano o más tarde”, manifestó.Los cambios en el mandato de la Misión de VerificaciónJenča explicó que la nueva resolución introduce modificaciones en el mandato, atendiendo una solicitud presentada por el Gobierno colombiano.A partir de esta renovación, la Misión concentrará su trabajo en dos aspectos del Acuerdo Final de Paz: la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los excombatientes de las antiguas FARC-EP y las garantías de seguridad para los firmantes de paz, las comunidades y las organizaciones en los territorios.En consecuencia, la Reforma Rural Integral dejará de estar bajo la verificación de la Misión de Naciones Unidas. “La reforma rural integral deja de ser objeto de nuestra verificación, pero continúa siendo un punto esencial del acuerdo final, cuya implementación constituye un compromiso del estado colombiano, tal como lo expresó el señor ministro de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad”, explicó.Asimismo, indicó que el acompañamiento continuará en las regiones donde ya hacen presencia. “Con ello, apoyaremos decididamente a las entidades del estado, las y los firmantes, las comunidades, las víctimas, las autoridades locales, las organizaciones de mujeres y autoridades étnicas, entre otros. Seguiremos apoyando sus esfuerzos por la estabilización de los territorios a través del fortalecimiento de la presencia integral del estado y la consolidación de las bases para el desarrollo sostenible”, dijo el Jefe de la Misión.La Misión mantendrá su presencia territorial pese a los recortes presupuestalesFrente a la continuidad de las operaciones en Colombia, Miroslav Jenča confirmó que la Misión de Verificación mantendrá su despliegue territorial, conformado por 29 oficinas en 10 departamentos.“La presencia que tenemos nosotros en los territorios alejados, territorios afectados por la presencia del actor armado ilegal, esta presencia es clave también para la institucionalidad, tanto nacional como local y departamental, porque hemos estado allá 10 años”, afirmó.Jenča también se pronunció sobre los ajustes financieros que ha enfrentado la organización en medio del proceso de reforma de Naciones Unidas.Según explicó, estas medidas obligaron a reducir el presupuesto de la Misión en un 17% y su personal en más del 23%, lo que llevó a modificar su estructura operativa.“Estoy, pero absolutamente convencido que no podemos reducir de una manera substantiva el presupuesto o el personal, porque esto afectaría nuestra presencia territorial”, sostuvo.
El abogado de Angie Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, reveló que un análisis toxicológico practicado a una muestra de cabello de su defendida identificó la presencia de sustancias psicotrópicas. El resultado fue realizado por un laboratorio de España y entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación como nuevo elemento dentro de la investigación por el presunto intento de homicidio contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).En entrevista con Blu Radio, Ruiz confirmó que el informe técnico respalda la denuncia que Rodríguez ha sostenido sobre un supuesto intento de envenenamiento en su contra, además de las amenazas de muerte y los seguimientos que ha manifestado haber sufrido.“Se trata de un informe toxicológico realizado por un laboratorio de España, a partir de una muestra de cabello que le han tomado, el cual identificó la presencia de sustancias psicotrópicas”, explicó el abogado.El exministro agregó que el documento ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para que sea evaluado junto con los demás elementos probatorios. “Encontraron rastros de envenenamiento, y este resultado es importante porque respalda lo que la doctora Angie siempre ha dicho”, afirmó Ruiz durante la entrevista.Fiscalía deberá analizar los resultados del examen toxicológicoEl defensor señaló que esperan que la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, examine el informe del laboratorio europeo y determine su alcance dentro del proceso. También pidió que las investigaciones avancen con contundencia, independientemente de quiénes puedan estar detrás de los hechos denunciados.No obstante, durante la conversación, Ruiz reconoció que no conoce en profundidad los aspectos técnicos del dictamen y que no ha podido consultar con el anterior apoderado de Rodríguez, quien habría aportado inicialmente el documento y posteriormente renunció a su representación.Por otra parte, el abogado se refirió a las recientes publicaciones sobre una conversación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, fechada el 12 de diciembre del año pasado, en la que, según lo divulgado, el mandatario habría enviado la hoja de vida de una modelo de entretenimiento para adultos y solicitado mantener su contrato en el Ministerio del Interior.Frente a este asunto, Ruiz aseguró que desconoce el contenido del chat y prefirió no emitir declaraciones al respecto.Finalmente, confirmó que Rodríguez continuará colaborando con la justicia y asistirá a las diligencias correspondientes. También agradeció las medidas de protección que, según indicó, recibió por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).“Ella está tranquila y, por supuesto, va a seguir aportando pruebas. Es una mujer valiente”, concluyó el abogado.