La Fiscalía condenó a Yarleny Muñoz Franco a 55 años de prisión por su participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 3 de julio de 2009 en el Cauca. El ente acusador demostró que la mujer engañó a tres jóvenes con falsas promesas de trabajo para llevarlos al lugar donde fueron asesinados y posteriormente presentados como integrantes de las Farc muertos en combate.La condenada contactó a las víctimas, dedicadas a labores de construcción y pertenecientes a una población vulnerable, y las convenció de trasladarse hasta la vereda Campamento, en zona rural de Puracé, con la promesa de un empleo. Según las pruebas presentadas en el juicio, una vez llegaron al lugar, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.La Fiscalía confirmó que los jóvenes estaban desarmados, que no existió ningún enfrentamiento y que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Además, al día siguiente de los hechos, Muñoz acudió a una unidad militar, donde afirmó falsamente que pertenecía a las Farc y que las víctimas eran sus compañeros. Con esa versión obtuvo una certificación como desmovilizada, la cual le fue retirada meses después al comprobarse que nunca hizo parte de esa organización.El juzgado la declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además de la pena de prisión, fue condenada al pago de una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 20 años y el juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la condena.
En el tercer día de la audiencia que se adelanta en Valledupar, tres generales del Ejército Nacional y otros 22 militares comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Durante la diligencia, el mayor general en retiro Jorge Enrique Navarrete reconoció que las presiones e incentivos que impuso cuando comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón contribuyeron a la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales."Reconozco que contribuí a generar condiciones que facilitaron la comisión de delitos, mediante exigencias y presiones dirigidas a mis subalternos para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate. En una distorsión inaceptable del deber institucional, permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito", afirmó Navarrete.Le puede interesar: JEP resolvió la situación jurídica de 39 exmilitares vinculados a falsos positivos en AntioquiaEl mayor general en retiro aceptó su responsabilidad en la configuración del aparato criminal dentro del Grupo Juan José Rondón, que permitió la comisión de estos crímenes. Entre las prácticas que reconoció estuvo la promoción de estímulos, felicitaciones y permisos asociados a los resultados operacionales, es decir, al número de presuntos integrantes de grupos armados reportados como muertos en combate.Los tres generales del Ejército y los otros 22 militares reconocen su responsabilidad después de haber sido imputados por la JEP, en marzo de 2025, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre las víctimas había 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas."Si supieran la vergüenza que siento al pararme aquí, ante los ojos del mundo, a reconocer que no solo fallé, sino que facilité la ocurrencia de tanta crueldad (...) Fui yo quien falló en contener esa maquinaria de muerte. Ese dolor que causé me acompañará por el resto de mi vida", concluyó Navarrete.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que asciende a 54 los cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Estos hallazgos fueron resultado de las intervenciones forenses adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el apoyo de comparecientes de la Fuerza Pública imputados en el Caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales.En la cuarta fase de intervención, las labores contaron con la participación de diez comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y realizaron trabajos de adecuación del terreno para facilitar el ingreso de los equipos forenses. Los comparecientes retiraron cerca de 15 toneladas de guadua y despejaron aproximadamente 850 metros cuadrados, lo que permitió avanzar en seis puntos de interés forense.En la última intervención desarrollada entre el 10 y el 19 de junio, fueron recuperados 13 cuerpos. Además, tres de los cuerpos recuperados cuentan con una orientación de identidad, información que ahora deberá ser confirmada mediante análisis científicos.Según la investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda, el cementerio de Pitalito es uno de los principales sitios de interés forense del sur del país. Allí habrían sido inhumadas alrededor de 107 personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado entre 1997 y 2012. Hasta el momento, nueve de los cuerpos recuperados han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
El domingo 26 de julio se inauguró, en la Estación de La Sabana de Bogotá, ubicada en la calle 13 #18-24, la exposición "6402+ Razones para no olvidar", un proyecto desarrollado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Macrocaso 03, en conjunto con MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Colombia), organización de madres buscadoras con más de 18 años de trayectoria en la defensa de la memoria, la dignidad y la verdad.La iniciativa busca convertirse en un referente nacional de memoria participativa, dignidad y reparación simbólica."La muestra es el resultado de tres años de investigación, diálogo y creación colectiva liderados por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio, que desde 2023 acompañó el diseño conceptual, arquitectónico, museográfico y curatorial del futuro Parque Memorial 6402+ Razones para no olvidar, además de la investigación histórica y la producción de contenidos que hoy componen la exposición", afirmó Alejandra Sarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas.El proceso para desarrollar este proyecto en la Estación de La Sabana comenzó en 2025 y contó con acompañamiento técnico para la ejecución de la infraestructura, cuya construcción apenas inicia su materialización, con el apoyo del Grupo de Infraestructuras Culturales. Por ello, la jornada del 26 de julio marca la apertura de la exposición y representa una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances de este proceso de reparación simbólica construido junto a las víctimas.La programación incluyó recorridos guiados por la muestra, un performance de Eblin Grueso Cuero, la presentación del colectivo Madre Ya Regreso junto a TziTzi Barrantes, e intervenciones musicales de Cony Camelo, Diana Ángel y Missio Firemusic, vocalista de la agrupación Brigada Cero Tres. La jornada también contó con una olla comunitaria, una mesa de serigrafía y espacios de encuentro y diálogo con las madres de MAFAPO.
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 39 exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), quienes estarían vinculados con casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el Valle de Aburrá, Antioquia, entre 2004 y 2008.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, figura prevista por la JEP para quienes no fueron identificados como máximos responsables y cumplieron con las condiciones del sistema transicional. Dicha medida implica la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura y el archivo de investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.Los exmilitares según la Jurisdicción estuvieron involucrados en 10 hechos en los que 18 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros o integrantes de grupos armados muertos en combate.Según la JEP, antes de conceder el beneficio verificó que los comparecientes cumplieran con el régimen de condicionalidad, es decir, que aportaran verdad plena y detallada, reconocieran su responsabilidad, participaran en acciones de reparación a las víctimas y asumieran compromisos de no repetición. También realizaron actos de dignificación y ofrecieron disculpas a los familiares de las víctimas.El tribunal también destacó que 29 de los 39 comparecientes nunca habían sido investigados, procesados o condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero ante la JEP admitieron por primera vez su participación y reconocieron su responsabilidad en cada uno de esos casos.La jurisdicción explicó que estos comparecientes no fueron considerados como máximos responsables porque no tuvieron un papel determinante en el diseño o ejecución de los patrones criminales investigados, razón por la cual hicieron parte de la denominada Ruta No Sancionatoria, con la que la JEP busca resolver la situación jurídica mediante un proceso restaurativo, garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.El anuncio hace parte del Subcaso Costa Caribe, una investigación en la que la JEP documentó una estructura criminal que operó en diferentes unidades militares de la región, específicamente en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y que estaría relacionada con la presentación irregular de civiles como resultados operacionales.Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los militares convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.La JEP señaló que estos hechos estuvieron relacionados con un patrón en el que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate, en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.De acuerdo con la investigación, el fenómeno se habría extendido a unidades militares de siete departamentos de la Costa Caribe. El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos y que una parte significativa de las bajas reportadas en algunas unidades correspondían a hechos que no ocurrieron en combate y que calificaron como asesinatos. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.La investigación de la JEP incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas, además de miles de documentos recopilados durante el proceso.Además, la jurisdicción informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada, relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En estas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.La audiencia pública se realizará en dos jornadas, la primera se realizará en Barranquilla, el 30 de junio y 1 de julio de 2026, en donde comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados y la segunda se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio, en donde, 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala.
La JEP impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército dentro del Caso 03. El teniente coronel (r) fue condenado por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos en Casanare y BoyacáLa condena de 5 años, 9 meses y un día de prisión fue impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por su responsabilidad en 31 casos de falsos positivos ocurridos entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006.Los hechos ocurrieron en el norte de Casanare y el suroriente de Boyacá, cuando el oficial se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.Las víctimas eran, en su mayoría, hombres jóvenes, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander.La JEP señaló que durante el periodo de comandancia de León Durán el 94,8 % de los resultados reportados por el batallón fueron ilegítimos. Incluso, la unidad llegó a registrar el mayor número de bajas dentro de la Brigada XVI.Aunque inicialmente negó los hechos y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, en 2025 el oficial decidió aceptar su responsabilidad.Durante una audiencia realizada en Yopal, reconoció que su firma en las órdenes de operaciones permitió que se ejecutaran los crímenes.La sentencia podrá ser apelada por las víctimas. Una vez quede ejecutoriada, se deberá establecer la disponibilidad de establecimientos militares para definir cuándo y dónde comenzará a cumplir la condena.
Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
Luego de más de dos décadas de incertidumbre, la familia de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga finalmente pudo despedirse de él luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz les entregara los restos del joven campesino desaparecido en julio de 2004 en el corregimiento de Quiparadó de Dabeiba.Lo que se pudo conocer es que Orlando tenía apenas 19 años cuando desapareció y según las investigaciones adelantadas por la JEP, integrantes del Ejército Nacional lo asesinaron y posteriormente presentaron su cuerpo como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, en uno de los casos asociados a los 'falsos positivos'.La identificación fue posible gracias a los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública, quienes también suministraron información que permitió ubicar los restos del joven en el cementerio de Carepa, donde había sido sepultado como persona no identificada.Las pruebas genéticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron su identidad gracias a las muestras biológicas entregadas por sus familiares y, además, el estudio también permitió establecer el vínculo biológico con su hijo, Sebastián Durango.Durante la ceremonia de entrega, familiares expresaron que el hallazgo representa el fin de una búsqueda marcada por el dolor y la esperanza, “para mí eso es un descanso. Saber que al menos enterramos el cuerpecito de él”, manifestó una de sus hermanas.Con la entrega de Orlando, ya son 18 las víctimas identificadas y restituidas a sus familias en Antioquia y Chocó dentro de este proceso judicial, y 25 en toda la región de Urabá.
A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un ataque con un dron contra una unidad de Policía en el municipio de Porce, Antioquia. El hecho fue registrado en un video en el cual se ve un dron sobrevolando sobre un inmueble y luego explota.El video tiene símbolos en letras alusivas al frente 36 de las Farc que lidera alias ‘Calarcá’.Rendón aseguró que ningún militar resultó lesionado durante el ataque que se cometió a plena luz del día, según las imágenes.El gobernador calificó el hecho como una “provocación al nuevo Gobierno” y señaló que las Fuerzas Militares cuentan con aeronaves como los aviones Super Tucano y los helicópteros Black Hawk-Arpía para enfrentar a los grupos armados. Afirma que estas capacidades militares deben ser utilizadas contra las organizaciones criminales y cuestionó las políticas de la administración del expresidente Gustavo Petro frente a estos grupos.“Ya se les fue Petro, que los trató como angelitos”, afirmó Rendón, al tiempo que sostuvo que las autoridades deberán actuar “con toda la fuerza de la ley y de la justicia” frente a este tipo de ataques.
Una decena de explosiones se escuchó en la capital de Ucrania la madrugada de este sábado, informó un periodista de la AFP tras una alerta por misiles balísticos y el reporte de tres muertos en la región de Kiev por ataques rusos.La administración militar de la capital había pedido poco antes a los habitantes que se dirigieran a los refugios tras activarse una "alerta aérea debido al uso de misiles balísticos".Esa misma noche, el jefe de la administración militar de la región, Timor Tkatchenko, informó de ataques rusos que causaron tres muertos, entre ellos un niño, en los alrededores del noreste de Kiev.Más de cuatro años después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los ataques se han intensificado a ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.El miércoles, al menos 17 personas fallecieron en bombardeos nocturnos rusos contra Kiev y su región.La defensa antiaérea ucraniana no pudo derribar ningún misil debido a la falta de interceptores, que el presidente Volodimir Zelenski pide a sus aliados occidentales que le proporcionen.El mandatario ucraniano, quien ha intensificado sus viajes al extranjero para consolidar el apoyo internacional a su país, llegó el viernes por la noche a Serbia para su primera visita a ese aliado tradicional de Moscú desde el estallido del conflicto.El sábado se reunirá con su homólogo Aleksandar Vucic para hablar sobre la economía y "cuestiones de seguridad".A finales de julio, Zelenski viajó a Washington para reunirse con Donald Trump e intentar obtener sistemas de defensa Patriot, ya que estos son los únicos capaces de interceptar los misiles rusos más avanzados.Según el diario Financial Times, Trump rechazó esta solicitud debido a la escasez de esos interceptores en los inventarios de Washington desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.Este nuevo ataque ruso contra Kiev se produjo, además, mientras los senadores estadounidenses aprobaron el viernes nuevas sanciones contra Rusia, que apuntan especialmente a la industria de los hidrocarburos.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, nombró este viernes, tras su investidura en Cali, a su gabinete de ministros, compuesto por nueve mujeres y nueve hombres, como ordena la ley de cuotas de género.La siguiente es la composición del gabinete ministerial del gobierno de De La Espriella, que tiene como vicepresidente al economista y académico José Manuel Restrepo.Gabinete ministerial de Abelardo De La Espriella1. InteriorEl titular de esta cartera, una de las más importantes del gabinete porque es la encargada de las relaciones con el poder Legislativo, está a cargo de Rodrigo Lara, exrepresentante a la Cámara y exsenador e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.2. DefensaUno de los ministerios de mayor peso en este Gobierno. El mayor general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora recibió la tarea de recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública y luchar contra los grupos armados ilegales.Mora fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022 y anteriormente dirigió la División de Fuerzas Especiales, además de ocupar cargos en inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También fue asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.3. Relaciones ExterioresEl académico Omar Bula Escobar tiene la misión de liderar una "reingeniería de la Cancillería", profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo. Trabajó durante años con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.4. HaciendaEl economista conservador Miguel Gómez Martínez tiene la tarea de "defender los recursos públicos y ordenar las finanzas", como le encomendó De La Espriella.Gómez Martínez ha combinado su carrera en el sector público con cargos en lo privado y, entre otros cargos, presidió el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y fue embajador en Francia.5. JusticiaEl abogado penalista Iván Cancino estará a cargo de esta cartera. Se ha desempañado como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decano de varias universidades y columnista en asuntos legales.6. SaludLa abogada Ana María Vesga es la responsable de enfrentar la grave crisis del sector sanitario en Colombia, para lo cual ya anunció un plan de choque para aliviar citas y la entrega de medicamentos.7. Comercio, Industria y TurismoEl abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de De La Espriella, es el nuevo responsable de esta cartera.8. EducaciónLa jurista Viviane Morales fue elegida para encabezar esta cartera. Es reconocida por ser la primera mujer en ser nombrada fiscal general de Colombia en 2011, y por sus posiciones conservadoras en asuntos sociales.9. Agricultura y Desarrollo RuralEl empresario Indalecio Dangond Baquero está a cargo del sector agrario. Es administrador de empresas y fundador de Open Loans, una plataforma que ayuda a estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación.10. TrabajoLa abogada Natalia López fue nombrada para liderar esta cartera. Ha sido docente universitaria, trabajó en la Defensoría del Pueblo y fue directora territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Córdoba (norte).11. Ambiente y Desarrollo SostenibleEl biólogo Fabio Arjona tiene la tarea de liderar los proyectos medioambientales del país. Durante más de 20 años dirigió en Colombia la organización Conservación Internacional, desde donde impulsó iniciativas de protección de la naturaleza y adaptación al cambio climático.12. TransporteLa economista Elsa Noguera es la encargada de esta cartera. Fue la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del departamento del Atlántico (norte).13. Minas y EnergíaLa ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda tiene la tarea de impulsar desde este Ministerio el fortalecimiento energético del país.14. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)La periodista Alexandra Falla lidera esta cartera con el objetivo de consolidar la soberanía digital. 15. CulturaDe La Espriella nombró a la exsenadora del partido Centro Democrático (fundado por el expresidente Álvaro Uribe) y periodista Paola Holguín con la misión de liderar una "batalla cultural por la Nación".16. Vivienda, Ciudad y TerritorioEl pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña de De La Espriella, asume como jefe de este ministerio.17. Ciencia, Tecnología e InnovaciónLa ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar fue elegida por el presidente luego de inscribirse en el 'Banco de talentos' creado para buscar a colombianos que quieran participar en su Gobierno.18. DeporteLa administradora Juliana Gutiérrez recibió el puesto por tener una "amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia".
Un suceso de orden público se registró en el departamento del Guaviare, generando alarma entre los habitantes de la zona. Alrededor de las 7:00 de la noche, se reportó el abandono de un carro cargado con elementos explosivos en un sector de San José del Guaviare, específicamente sobre la vía que pasa frente a la Base de AntinarcóticosEl incidente en San José del GuaviareDe acuerdo con la información suministrada, el elemento utilizado para albergar la amenaza fue un carrito de hamburguesas, el cual fue dejado abandonado en la vía pública frente a las instalaciones policiales de antinarcóticos.Este objeto contenía en su interior dos artefactos explosivos; uno de estos artefactos detonó debido a una falla en su instalación, tras la detonación imprevista del primer artefacto no se reportaron personas lesionadas en el área del incidente.Acción de las autoridades y destrucción controladaLuego de la explosión del primer elemento, las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional intervinieron y el personal policial experto ubicó el segundo artefacto que aún se encontraba en el sitio. Con el fin de neutralizar el peligro, el segundo artefacto fue destruido de manera controlada por estas unidades especializadas de la institución.El reporte oficial confirmó que, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada como resultado de este procedimiento de seguridad.CalamarA la misma hora en que se presentaban los hechos en la capital del departamento, se reportó otra novedad de orden público en una municipalidad vecina. En el municipio de Calamar, los habitantes reportaron haber escuchado una fuerte explosión alrededor de las 7:00 de la noche.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, será trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde deberá continuar cumpliendo su condena.La creadora de contenido y empresaria fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019. La condena fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.Barrera Rojas inicialmente estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Sin embargo, debido a su alto nivel de reconocimiento público y a las consideraciones de seguridad asociadas con su caso, fue trasladada a la Escuela de Carabineros.Ahora, las autoridades determinaron un nuevo cambio de establecimiento, después de los episodios registrados durante su permanencia en esa guarnición.De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se presentaron comportamientos que generaron alertas, llamados de atención y molestias entre el personal encargado de su custodia.Entre los asuntos reportados estuvieron situaciones relacionadas con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de las normas de seguridad y disciplina.Por esta razón, se ordenó que la empresaria continúe privada de la libertad en La Picaleña, en Ibagué. Este complejo penitenciario cuenta con un pabellón destinado a mujeres, donde deberá permanecer mientras cumple el tiempo restante de su condena.Implicada en la muerte de Marcelo Pecci también cambia de cárcelEl traslado de ‘Epa Colombia’ hace parte de una serie de movimientos de personas privadas de la libertad que permanecían en la Escuela de Carabineros de Bogotá.Entre ellos también está Margareth Chacón Zúñiga, quien será trasladada nuevamente a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en la capital del país.Chacón cumple una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena.La justicia colombiana determinó que Chacón participó en la financiación y coordinación del homicidio. La mujer había sido capturada por Interpol en El Salvador y posteriormente fue procesada y condenada en Colombia.Con este traslado, Chacón dejará la Escuela de Carabineros y regresará a El Buen Pastor, donde continuará cumpliendo la pena impuesta por la justicia.Los cambios de establecimiento se conocen en medio de los movimientos penitenciarios ordenados en los últimos días y en medio del cambio de mando presidencial.