Tras verificar que aportaron verdad, reconocieron responsabilidad y adelantaron acciones restaurativas, la JEP remitió al Tribunal para la Paz a 29 exintegrantes de la fuerza pública señalados como máximos responsables de falsos positivos ocurridos en Huila entre 2005 y 2008.
“La decisión envía el tribunal a un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, 3 capitanes, 2 mayores, 6 suboficiales y 5 soldados profesionales retirados que reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008 en el Huila”, señaló Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
La decisión incluye al coronel (r) Carlos Yair Salamanca, a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado, Alejandro León, Mario Hernán Duarte, Luis Carlos Aguilera, Domingo Peña Cepeda y Ómar Oswaldo Ojeda; así como a los mayores (r) Leonardo Ayala, Felipe Andrés Ramírez, Francisco Adrián Álvarez, Ángel Fernando Carvajal y Julián Andrés Calderón.
#Atención 29 comparecientes de la fuerza pública que reconocieron responsabilidad como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas en Huila fueron postulados ante el Tribunal para la Paz para que les imponga una Sanción Propia. pic.twitter.com/9Fk1X5WuXB
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 17, 2026
También fueron remitidos los capitanes (r) Miller Damián Forero, Jesús Mauricio Jiménez y Carlos Mahecha Bernal; los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta, Desaix de Jesús Palomino y Fernando Riveros Sarmiento; los sargentos segundos (r) William Andrés Capera y Carlos Hernán Rodríguez; el cabo primero (r) José Roldán López; y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué, Willinton Espinoza, Roberto Yesid Quintero, José Yaty Anacona y Francisco Javier Castañeda.
Los comparecientes integraron unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, entre ellas el Batallón Cacique Pigoanza, el Batallón Magdalena y la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11.
La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales. El primero fue la estigmatización de las víctimas, quienes eran señaladas arbitrariamente de colaborar con grupos armados antes de ser asesinadas.
El segundo consistió en el engaño de personas en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo o promesas económicas para trasladarlas a zonas donde posteriormente eran ejecutadas y reportadas como combatientes muertos.
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El tercero correspondió a la realización de operaciones ilegales sustentadas en denuncias falsas o información manipulada.
Al explicar los hallazgos, la magistrada Catalina Díaz señaló que en el departamento se logró establecer “la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados”, con el propósito de generar una falsa sensación de seguridad y obtener beneficios profesionales e institucionales.
La JEP practicó 130 versiones voluntarias, siete testimonios y analizó expedientes judiciales, archivos militares e información aportada por organizaciones de víctimas.
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Según la jurisdicción, estos crímenes ocasionaron daños al buen nombre de las víctimas, afectaciones familiares y comunitarias, impactos emocionales y psicológicos, perjuicios económicos y afectaciones al tejido social.
Como parte de las medidas restaurativas, los comparecientes han participado en jornadas de intervención en cementerios de Huila y Caquetá, labores que han permitido la recuperación de 71 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Además, se adelantan iniciativas de memoria y acciones para restablecer públicamente el buen nombre de las víctimas.
La JEP señaló que seis de los 36 militares retirados imputados en el Subcaso Huila fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que no reconocieran verdad ni responsabilidad por los hechos atribuidos.
Se trata de los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Juan Carlos Figueroa García y Luis Fernando Rojas Espinosa; así como de los coroneles (r) Raúl Fernando Suárez del Río, José Joaquín González del Río y Edilberto Cortés Gómez.
Durante la investigación, la JEP documentó 204 falsos positivos, 35 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Además, 434 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso Huila.
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